La Fiscalía General del Estado ha reforzado el equipo de fiscales que se encargan de la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, en las que podría estar involucrado el rey emérito Juan Carlos de Borbón.
El Ministerio Público ha emitido un comunicado donde informa de la composición del equipo que trabaja en la investigación y que tratará de «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y perdió la inviolabilidad, según explicó la Fiscalía al asumir la investigación.
La Fiscalía General del Estado destaca que ha encargado la investigación a fiscales de «la más alta categoría y mayor especialización» dada la «complejidad técnica y la trascendencia institucional» de la misma.
Al asumir la Fiscalía del Supremo la investigación, que provenía de Anticorrupción, el ministerio público puso al frente de la misma al fiscal de Sala jefe del área penal en el alto tribunal, Juan Ignacio Campos.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tomó esta decisión en atención a la «dilatada experiencia, extraordinaria cualificación y exhaustivo conocimiento de la materia» de Campos, que además es el fiscal delegado de la especialidad de Delitos Económicos.
Pero Campos no trabaja solo. Bajo su dirección colabora también un equipo de tres fiscales del Supremo especialistas en derecho penal económico: Paloma Iglesias Moreno, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.
Recientemente, el ministerio público decidió que este equipo contase también con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, que dirige la fiscal de Sala Rosa Ana Morán, en atención «a las implicaciones internacionales de la investigación».
Esta semana, la Fiscalía ha recibido parte de los datos que reclamó a Suiza sobre la investigación que ha desvelado que el rey Juan Carlos I presuntamente recibió, a través de una fundación panameña, una supuesta donación de cien millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015.
Información que está siendo traducida y que se remitirá a la Fiscalía del Supremo, según indicaron a Efe fuentes fiscales.
A principios de este año, la Fiscalía Anticorrupción, estando aún al frente de esta investigación, envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a todos los datos sobre esa supuesta donación y la transferencia de 65 millones de euros que se hizo desde la fundación panameña Lucum, vinculada a Juan Carlos I, a una cuenta de su amiga Corinna Larsen.
Lo que trata de averiguar la justicia de España es si el rey emérito habría incurrido en fraude fiscal -al no declarar el ingreso de la donación en España-, ya que por su condición de anterior jefe del Estado solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de 2014, la fecha de su abdicación.