El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la orden ministerial que determina las normas en el uso obligatorio de las mascarillas en España para evitar el contagio de coronavirus. El Gobierno justifica esa obligatoriedad en la capacidad de las mascarillas de reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV, dada su alta transmisibilidad, y por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad.
En España desde este jueves será obligatorio, con carácter general, el uso de mascarillas en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.
■ Descargue aquí el BOE del 20 de mayo de 2020 relativo a las mascarillas
La norma tiene algunas excepciones y establece que sigue siendo recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años.
¿Quiénes están exentos?
Se excepcionan de esta obligación a aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad. Asimismo, su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
El BOE recuerda que la OMS, con fecha 16 de abril de 2020, definió los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el levantamiento de las medidas de desconfinamiento. Entre los citados principios, merece especial atención la necesidad de minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como lugares cerrados y lugares públicos donde se produce una gran concentración de personas; y que se asegure el compromiso del conjunto de la población en la aplicación de las medidas adoptadas a fin de continuar protegiendo los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de las personas.