El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una tercera prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus y que llevará las restricciones actuales hasta el próximo 10 de mayo. Eso sí, es la votación en la que se han computado más votos en contra, los 62 que suman Vox y los independentistas catalanes de JxCat y la CUP.
El estado de alarma se decretó el pasado 14 de marzo para poder adoptar medidas extraordinarias ante la pandemia del coronavirus, y a propuesta del Gobierno el Congreso ya lo ha ampliado en tres ocasiones, cada vez con menos respaldo. Si la primera vez, el 23 de marzo, no hubo votos en contra, a la siguiente, el pasado día 9, ya se opusieron Vox y la CUP, y este miércoles se ha añadido JxCat, mientras que ERC y Bildu se han mantenido en la abstención.
JxCat se había mantenido en la abstención, pero se ha pasado al 'no' alegando que al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos «se le ha acabado el crédito», mientras que la CUP justifica su voto en contra al considerar que se está utilizando esta crisis para hacer «política del miedo y limitar derechos». De su lado, Vox ya ha dejado claro su rechazo de plano a toda propuesta del Gobierno de coalición, al que ha denunciado ante la Justicia y del que sólo espera su dimisión.
Críticas
Pese a aumentar el número de diputados que rechazan esta nueva ampliación del estado de alarma, el decreto de prórroga ha salido adelante porque, además del PSOE y Unidas Podemos, también ha contado con el respaldo del PP, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, BNG, UPN CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe, aunque no han ahorrado las críticas al Gobierno.
El PSOE y Unidas Podemos han rechazado también todas las propuestas de los grupos minoritarios para modificar el alcance del estado de alarma, por lo que la prórroga se ha votado en los mismos términos que planteó el Gobierno. Eso sí, el Ministerio de Sanidad ya ha prometido que este fin de semana permitirá la posibilidad de que los niños puedan salir de casa a dar un paseo desde el próximo día 27 de abril, tal y como le reclamaban algunos partidos de la oposición en sus iniciativas.
En la sesión plenaria de este miércoles, como en todas las celebradas desde que se decretó el estado de alarma, sólo han estado presentes cerca de medio centenar de diputados, pues 302 habían pedido votar desde casa, siguiendo los criterios del Congreso en coherencia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Desconfinamiento
El desconfinamiento comenzará a mediados de mayo, será gradual y lento, tal vez más lento de lo que inicialmente se preveía para tratar de evitar pasos en falso, también será asimétrico, en función de las particularidades de la epidemia en cada territorio, con los municipios como principal referente, y si fuera necesario, será total o parcialmente reversible.
Los datos de la crisis sanitaria, cada día más difíciles de interpretar en su evolución diaria desde que hace una semana se rompió una serie histórica que sigue sin recomponerse, reflejaban ayer una «estabilización» de las muertes (435), los contagios (4.211) y los ingresos hospitalarios y en ucis y un incremento significativo de los pacientes curados que, con 3.401 más, ya se acercan a los 86.000, lo que representa un 41 % del total.
Para esa etapa de transición, España debe cumplir las seis medidas que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas las de tener preparado el sistema sanitario para atender posibles rebrotes de la COVID-19, la información epidemiológica y los recursos correspondientes para detectar nuevos contagios y poder adoptar las medidas pertinentes para aislarlos.
Grado de inmunidad
Esa información epidemiológica remite al hecho de que se conozca el grado de inmunidad de la población, que la propia OMS ya ha dicho esta semana que es más bajo del que se pensaba, según las conclusiones preliminares de los primeros estudios que sean llevado a cabo. En España se tratará de determinar ese grado con la macroencuesta de seroprevalencia que comenzará la semana que viene y se prolongará durante casi dos meses.
Para llevar a cabo la desescalada todo indica que sería necesario seguir prorrogando el estado de alarma durante el tiempo que dure el proceso para permitir al Gobierno dirigirlo, aunque esa posibilidad nadie la ha planteado por el momento.
En ese estadio hacia una «nueva normalidad», habrá, según Pedro Sánchez, «avances y retrocesos», «errores y rectificaciones», como la que hizo el martes el Gobierno para permitir que desde el domingo los menores de 14 años puedan dar pequeños paseos y no sólo acompañar a los adultos en sus salidas autorizadas. «Pecamos de prudencia, porque no queríamos retroceder ni un solo paso, pero escuchamos y acordamos», dijo ayer en el Congreso.
Sanidad insiste, en cualquier caso, que al levantarse restricciones se acentúa la importancia de la responsabilidad individual, como remarcó Fernando Simón: «El confinamiento, aunque muy duro, es sencillo: hay que quedarse en casa. Cuando se empiece a permitir otras actividades, el ciudadano será el que tenga que asegurarse que cumple las medidas estipuladas y eso es más complicado».
Dialéctica política
La puesta en marcha del desconfinamiento no servirá a buen seguro para desinflamar la dialéctica política, sobre todo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, como se vio en el pleno del Congreso, donde el líder del PP, Pablo Casado, no volvió a ahorrar críticas a Sánchez ni dureza en sus intervenciones. «Si la COVID-19 es un iceberg, su Gobierno es el Titanic (…) Esto no es una guerra, es una hecatombe», señaló.
Desde el PNV y ERC, apoyos directos e indirectos en la investidura, también le enviaron a Sánchez sus correspondientes mensajes. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le recordó que su abstención de ayer estaba «mas cerca del no que nunca» y le instó a convocar la mesa con la Generalitat para hablar de Catalunya como muy tarde en junio. El del PNV, Aitor Esteban, le advirtió de que el voto favorable de su grupo no se mantendrá si no da más potestad a las autonomías para que apliquen la desescalada.
El presidente del Gobierno se aferra su propuesta de pacto de reconstrucción, sobre el que hoy hablará con patronal y sindicatos, y busca ensanchar caminos y marcar nuevos horizontes.