La Fiscalía General del Estado ha archivado las diligencias de investigación que abrió por la muerte de ancianos en distintas residencias en España por la epidemia de coronavirus y ha dejado estas pesquisas en manos de las Fiscalías territoriales correspondientes.
Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto ordenando el cierre de esas diligencias de investigación que correspondieron al fiscal Manuel Dolz, que fue segundo de Delgado en su etapa como ministra de Justicia.
En ese decreto, Delgado considera que al haber abierto ya diligencias las fiscalías territoriales en los lugares en los que se ha producido el hallazgo de ancianos muertos en residencias, como son la de Valladolid o Barcelona, ha decaído el objeto de las que se abrieron en su momento por parte de la Fiscalía General del Estado.
Todo ello, dice el decreto, «sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
Según este artículo, los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer.
En una nota de prensa, la Fiscalía ha recordado que las diligencias ahora archivadas fueron incoadas el 23 de marzo de 2020 como consecuencia de una información periodística referente a la situación de algunas personas mayores ingresadas en determinadas residencias.
Ese día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en una entrevista en Telencinco que el Ejército había encontrado en algunas de sus visitas a residencias «a ancianos, a mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas», y advirtió de que caería «todo el peso de la ley» sobre las que no cumplan con sus obligaciones.
La Fiscalía decidió entonces abrir diligencias de investigación, las 30/2020, y se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Supremo la centralización de la información derivada de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en esas residencias.
«Así, en coordinación con los fiscales especialistas y delegados en materia civil de toda España, se recopiló toda la información disponible», explica la nota.
Ahora, «cuando los datos susceptibles de valoración ya han sido transmitidos a las Fiscalías territoriales», la fiscal general ha considerado que lo «procedente» es cerrar «esa labor canalizadora y unificadora a través de las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo».
Así, ha acordado derivarlas a las Fiscalías provinciales, «únicas competentes territorialmente para cualquier toma de decisión en relación a la investigación de hechos que pudieran tener una eventual relevancia penal».
Indica la nota que ese ha sido el caso de las Fiscalías de las comunidades autónomas de Cataluña y Castilla y León.
Una vez recibida de la Fiscalía del Tribunal Supremo «la información requerida», la Fiscalía General ha optado por tanto por el cierre de sus diligencias, si bien señala que se mantiene el «seguimiento y control» de la Fiscalía General «en el ámbito tuitivo y de protección de las personas vulnerables».