El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.
Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del «procés» por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.
El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.
De esta forma, Llarena solicita «la busca y captura e ingreso en prisión» de Puigdemont a través de una orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra él, que nunca se ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados al huir del país en octubre de 2017.
En el mismo auto, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión.
La decisión del tribunal del «procés» de condenar a nueve líderes independentistas por sedición y no rebelión tiene, según Llarena, «una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados», por lo que acuerda remitir a la Mesa del Parlament el levantamiento de la suspensión de estos dos procesados.
Precisamente, el juez argumenta su nueva petición de entrega de Puigdemont en las condenas impuestas por el Supremo, que pueden conllevar a su juicio que los «prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea».
«Los indicios racionales de criminalidad» que pesaban contra Puigdemont en la instrucción «no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado», dice Llarena.
Según el juez instructor, la sentencia «parte de los hechos» que él imputó a los procesados en su auto de procesamiento, «lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras (sobre el que ha recaído mayor pena) y al procesado en rebeldía Carles Puigdemont».
Además, según Llarena, la sentencia «pone término» a las discrepancias entre los delitos de rebelión, sedición o desobediencia» (ésta asumida únicamente por las defensas) y decanta la balanza en la sedición, delito junto al de malversación por el que reclama a Puigdemont.
Recuerda Llarena que en la Unión Europea rige «el principio de confianza» en el funcionamiento de los tribunales de otros países y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado «que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito».
Llarena retiró hace meses la euroorden que pesaba contra Puigdemont y otros exconsejeros catalanes después de que el tribunal regional de Schleswig-Holstein (Alemania) rechazase entregar al expresident por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.