El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha expresado su «absoluto respeto y acatamiento a la sentencia» del Tribunal Supremo que condena a doce políticos catalanes por el referéndum del 1-O y ha instado a «todas las fuerzas políticas» a hacer lo propio, al tiempo que ha considerado una consecuencia «lógica» de la sentencia la reactivación de la euroorden contra el expresidente catalán Carles Pugidemont y el resto de exconsellers en el extranjero.
«El Gobierno no puede sino acatar la sentencia y apelar a todas las fuerzas políticas a que actúen de igual manera», ha defendido Borrell en rueda de prensa en Luxemburgo al término de una reunión con sus homólogos de la UE.
La sentencia, ha defendido Borrell, «pone fin a un largo proceso judicial», que «se ha efectuado con plenas garantías y total transparencia, publicidad absoluta y con absoluto respeto a la separación de poderes» que hay en España y ha dejado claro que «todos» somos «iguales ante la ley» y que la Constitución española, que es moderna y garantías, «se aplica a todos».
Borrell ha recordado que los jueces del Tribunal Supremo no han «retenido la acusación de rebelión» pero sí «las otras» y que ha sido un fallo «por unanimidad».
«España es una democracia donde nadie es juzgado por sus ideas, sino por actuaciones que puedan considerarse por los tribunales que constituyen un delito recogido en nuestro ordenamiento jurídico», ha remachado, insistiendo en la importancia de subrayar este punto «de cara a nuestros colegas europeos», ironizando que «todos los días» se encuentra «en el Parlamento con los líderes políticos que defienden la independencia de Catalunya y nadie es molestado por ello».
Pero ha insistido en que «otra cosa» son «actuaciones» que «puedan ser constitutivas de delito» en virtud del ordenamiento español y ello compete determinarlo a los tribunales. «Para eso tenemos los tribunales», ha remarcado.
En relación a si cree que la euroorden contra el expresidente catalán se verá facilitada por la sentencia del procés, Borrell ha considerado que se trata de «una lógica consecuencia».
«Si todos somos iguales ante la ley», ha remachado, recordando que el Tribunal Supremo ha condenado este lunes a algunos dirigentes políticos catalanes por hechos en los que «han participado otras» personas también, que también deberían ser «juzgadas por ello».
«Deberían igualmente ser justiciables», ha zanjado, considerando por tanto «natural» que la justicia española reactive «una orden para que las autoridades de los países donde se encuentran esas personas procedan a su puesta a disposición de la justicia española». «Sería raro que no lo hiciéramos así», ha dicho.