La Renta Básica Universal (RBU) en Catalunya tendría un coste neto de 7.700 millones de euros al año, lo que equivale el 3,5% del PIB, según el estudio 'RBU: Análisis de una propuesta disruptiva de innovación', encargado por la Generalitat en el marco del Pacte Nacional per a la Indústria.
El informe de los economistas Oriol Amat y Xavier Ferràs para el Observatori de la Indústria se ha presentado este viernes en un acto que ha clausurado la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón.
La cifra del coste neto -extraída de varios estudios anteriores- se ha calculado a partir de una propuesta de renta básica de 664 euros mensuales netos para todos los adultos, que asciende a 7.968 euros al año, y de 133 para los menores, que equivale a 1.594 euros anuales por menor.
El informe dibuja un coste bruto de 52.899 millones anuales para la RBU que se reduciría a 7.700 con la eliminación de prestaciones -familia, vivienda, becas, pensiones y paro, entre otras-, la supresión de los mínimos personales y familiares del IRPF, y la suma de la cantidad que pagaría de más de IRPF la parte de la población que tendrá un impacto nulo o positivo con la RBU.
Según el estudio, este coste neto 7.700 millones se podría financiar con un incremento del IRPF, que pasaría a tener un tipo único nominal del 49,57% y en el cual se eliminarían los mínimos personales, la compensación entre rendimientos, las reducciones de la base y todas las deducciones de la cuota.
Paralelamente, el estudio recoge que podría financiarse con otras medidas fiscales, como la lucha contra el fraude y la economía sumergida, cambios en el Impuesto de Sociedades u otros impuestos.
Políticas de rentas
Amat, que ha presentado el estudio, cree necesario destinar más recursos a políticas de rentas para avanzar hacia una renta básica universal, y hacerlo con precaución y mediante reformas estructurales, ya que a corto plazo no se puede pagar.
El informe también recomienda mejorar la política de rentas y ampliar la renta a más preceptores, porque la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) no llega a una parte importante de la población en situación de pobreza.
Actualmente Catalunya cuenta con la RGC, que solo reciben las personas con ingresos y edad determinados, mientras que la RBU la recibirían todos los ciudadanos de forma incondicional e independiente de sus condiciones personales.
El estudio pone de manifiesto además que, si Catalunya no tuviese «un déficit fiscal demasiado elevado», habría recursos suficientes para financiar una política de renta de alcance mucho más amplio que el actual.
Àngels Chacón
La consellera Chacón, que ha clausurado el acto, ha defendido poner en valor el Pacte Nacional per a la Indústria porque surge de un gran consenso, y ha celebrado estudios como el presentado este viernes.
«Nos sirven para guiar nuestros criterios para diseñar y aplicar políticas públicas. Es evidente que estamos ante un proceso de transformación de los modelos productivos, y esto tiene un impacto social», ha razonado.