El fiscal Javier Zaragoza ha manifestado este martes que «lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado». «Eso pretendían los acusados. Eso es el 'procés'», ha afirmado.
En su opinión, el 'procés' fue «un ataque al orden constitucional» en el que «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional». «Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición», ha explicado.
«Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado», ha resaltado.
Así lo ha afirmado Zaragoza al inicio de su intervención para exponer el informe de conclusiones de la Fiscalía, en la que ha remarcado que «la única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución».
El fiscal ha hecho una introducción general en la que ha querido dejar bien claro que el juicio del 'procés' que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo «nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política».
«No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante metodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos», ha resumido el fiscal.
Todo ello, ha añadido, «al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa nacional e internacional». Y es que Zaragoza ha remarcado que no lo reconoce ni la Constitución Española y «ni siquiera la ley de transitoriedad jurídica» que aprobó el Parlamento catalán el 7 de septiembre de 2017.
Al hilo de este asunto, el fiscal ha recordado las palabras que pronunció el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al inicio de este juicio, según las cuales el Estado «nunca tuvo la intención de dialogar» con la Generalitat. Según ha dicho, Junqueras fue quien «rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas». «Es un ejercicio de cinismo sin precedentes», ha subrayado.
En este sentido, Zaragoza ha negado tajantemente que los acusados en este juicio sean «presos políticos», como «tampoco hay detenciones arbitrarias», en referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El fiscal ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera «todas las alegaciones de parte» y rechazara las presentadas por el Gobierno español. Si hubiera sido al revés, ha apuntado, «quizá el resultado del informe hubiera cambiado, teniendo en cuenta que no se perseguían ideas».
En su intervención, Zaragoza no ha querido pasar la oportunidad de mencionar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament en la que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1-O y, por tanto, proclamar la independencia de Cataluña.