El Govern de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont contemplaba la creación de una 'Comisión de la Verdad' en una segunda fase posterior a la desconexión, según la documentación que le fue incautada a Jordi Cabafriga, jefe de gabinete de la que fuera Consejera de Gobernación, Meritxell Borrás.
Esta última está siendo juzgada en el Tribunal Supremo, en el juicio del 'procés', por los delitos de desobediencia continuada grave y malversación de fondos públicos, por los que la Fiscalía pide 7 años de prisión. Jordi Cabafriga, por su parte, ha sido investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, pero finalmente no ha sido procesado.
Según uno de los últimos informes que ha remitido la Guardia Civil al Juzgado 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los asesores de la exconsejera Borrás, Joan Ignasi Sanchís, también tenía entre la documentación incautada un documento en el que se proponía la creación de una 'Comisión de la Verdad'.
Esta documentación que analiza el instituto armado fue incautada durante las entradas y registros que practicaron en el marco de la 'operación Anubis' el 20 de septiembre de 2017 por orden del citado Juzgado.
Así, entre la abundante documentación que se le encontró a Jordi Cabafriga figura un informe sobre la legislación que debía desarrollar el Govern en la segunda fase posterior a la desconexión. En ella se incluye la creación de la Comisión Catalana de los Derechos Humanos, proponiendo cambios urgentes como la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Reconciliación con una 'Comisión de la Verdad' y una Ley de Derechos Humanos.
Con ella pretendían regular el alcance de la actuación jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial del nuevo Estado en los casos de persecución de crímenes de lesa humanidad, respetando los principios de justicia universal.
En esa segunda fase, los independentistas también querían desarrollar una Ley de gobiernos locales, la ley de finanzas locales, el Código de Régimen Local, la adaptación de la normativa sectorial con repercusión en el mundo local y el cambio de la estructura departamental diseñando un nuevo modelo organizativo sin las limitaciones constitucionales actuales.
REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS
El jefe de Gabinete de Meritxel Borrás también tenía entre sus documentos un anteproyecto de decreto de modificación de la Dirección General de Asuntos Religiosos y otro para crear un Registro de Entidades Religiosas, así como una propuesta de traspaso del Registro Estatal de Entidades Religiosas a la Generalitat.
Junto con ello, y otros muchos documentos que contenían la propuesta de legislación para la creación de un Estado catalán, estaba la creación de la «nueva Escuela de Administración Pública de Cataluña» para dotar a los funcionarios del nuevo Estado de la formación y conocimientos necesarios para llevar a cabo las funciones realizadas por el personal de la Administración General del Estado.
Así, preveían formar personal para el ámbito: consular y diplomático, Seguridad Social, Tributario, Catastro y Aduanas. Por otro lado, se destaca que otra de las labores de la Escuela sería la de dotar a los funcionarios de la Generalitat ya aquellos otros procedentes de la Adminsitración del Estado, de los conocimientos necesarios para realizar sus nueva tareas en la Administración del nuevo Estado.
Destacaban, así mismo, la labor formativa del Diplocat en el ámbito de la Diplomacia y Acción Exteror, donde realizan tareas formativas en colaboración con la Generalitat y otras entidades como la Universidad Pompeu Fabra.