El que fue responsable de Interior en Cataluña bajo vigencia del artículo 155 de la Constitución, Juan Antonio Puigserver, ha afirmado este martes durante su declaración como testigo en el juicio por el 'procés' independentista que en la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre de 2017 hubo «discrepancias» entre los representantes de la Generalitat y los del Gobierno de Mariano Rajoy porque el expresidente catalán señaló que la orden de impedir el referéndum no se podía «anteponer a la normal convivencia ciudadana». El mallorquín dejó la Conselleria de Interior de Cataluña -que ocupaba desde la intervención de la autonomía-, el mismo día en que se invistió al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Así lo ha dicho este secretario general técnico del Ministerio del Interior, cuya declaración ha dado inicio a la sesión de la tarde del juicio, que ha sido suspendido una hora y media para comer. A preguntas del fiscal Jaime Moreno, Puigserver ha explicado que el expresidente de la Generalitat convocó dicha reunión tras conocer un día antes que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dictado un auto para ordenar la incautación de material electoral e impedir la celebración de la votación, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El único punto del día era la «coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Mossos d'Esquadra en relación con la jornada del 1 de octubre», ha señalado el testigo, algo que suscitó «dudas» en los representantes del Gobierno central porque el objeto del propio enunciado «no era tanto impedir la celebración de la votación como la coordinación». Aún así, decidieron acudir a la reunión porque era «probablemente una de las últimas oportunidades para que se desconvocara» el referéndum, ha añadido.
Puigserver ha asegurado que en el transcurso de ese encuentro existieron «discrepancias» en la forma de alcanzar una «coordinación eficaz» entre cuerpos. Para el exsecretario de Estado de Seguridad de Interior José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, el designado coordinador del operativo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y para él -- todos ellos miembros de la delegación que asistió por parte del Gobierno de Rajoy--, la prioridad era cumplir el auto de la magistrada Armas, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Por el contrario, la intención del Gobierno de Puigdemont, que acudió junto al entonces consejero del Interior, Joaquim Forn; el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; el exjefe de la policía autonómica Pere Soler --estos dos últimos serán juzgados por rebelión en la Audiencia Nacional--; y una secretaria, era que se respetase la «normal convivencia ciudadana», ha constatado. De hecho, ha recordado que el expresidente de la Generalitat afirmó que en este sentido «un auto no se puede anteponer al derecho de los ciudadanos».
En este punto, Puigserver ha enfatizado que Pérez de los Cobos replicó al expresidente catalán que no se deben «confundir» los criterios de actuación de la policía para lograr el objetivo de impedir el referéndum, con la convivencia de los ciudadanos. En este sentido, el fiscal Moreno ha querido saber si en algún momento se trasladó la petición de desconvocatoria del referéndum y Puigserver ha relatado que así lo hizo Millo.
También insistió el coronel, que llegó a poner el ejemplo práctico de cerrar los colegios electorales para así «conseguir» la seguridad de los ciudadanos y «al mismo tiempo cumplir» los mandatos judiciales, si bien la única respuesta que recibieron «fue que ellos sabían lo que tenía que hacer».
En cuanto a la posición de los Mossos, Puigserver ha confirmado la versión manifestadas por Nieto y Millo en sus declaraciones como testigos ante el tribunal y ha recalcado que Trapero aseguró en la Junta de Seguridad que daría cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El testigo ha dicho que no recuerda que se hablase concretamente de los diferentes planos operativos preparados para la jornada de votación, pero ha contado lo mismo que han expresado ya el ex 'número dos' de Interior y el exdelegado del Gobierno sobre el rechazo de Trapero a usar la fuerza.
En este sentido, Puigserver ha concretado que el exjefe de la policía autonómica mostró su oposición a esta forma de actuar si no era para «preservar daños de los ciudadanos a terceros» o a los propios agentes. Ha recordado que tras la insistencia de Pérez de los Cobos sobre si estaría dispuesto a usar la fuerza en algún caso para «cumplir estrictamente la parte dispositiva del auto» --en la que se ordenaba las actuaciones necesarias para que el 1-O no se celebrase--, el mayor dijo que no usaría la fuerza «si había personas mayores y niños».