El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha lamentado «muchísimo» las imágenes de violencia del 1-O pero ha responsabilizado al Govern de Carles Puigdemont de los ciudadanos y agentes heridos por seguir adelante con la convocatoria del referéndum animando a la gente a votar e incumpliendo la ley.
Rajoy ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio del «procés», en el que ha destacado un sinfín de veces que los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont eran «plenamente conscientes» de que «no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la unidad de España».
Por este motivo, ha asegurado que no hubo «ningún mediador de nada» entre su Ejecutivo y la Generalitat para evitar la activación del 155 y la DUI, porque estaba «clara» su posición de que no iba a «negociar» ni sobre la Constitución ni sobre la soberanía nacional.
Más allá de su negativa a negociar para «liquidar» España, Mariano Rajoy ha dejado para el recuerdo su reconocimiento explícito de la violencia del 1-O tras visualizar un vídeo en el que se observan cargas policiales y ciudadanos heridos.
«Yo lamento muchísimo todas estas imágenes, no me gustan ni estas ni otras», ha dicho, pero inmediatamente ha dejado claro que «la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que se han visto aquí».
Y ha aseverado: «Si se hubiese actuado cumpliendo la ley no hubiésemos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas».
Eso sí, ha considerado «normal» que en una situación como el 1-O haya «enfrentamientos», sobre todo cuando hay «voluntad en algunos casos concretos de que los haya», especialmente tras «los acosos» a policías y guardias civiles, además de a alcaldes no independentistas en los días previos al referéndum.
La víspera de la declaración del lehendakari Iñigo Urkullu, Rajoy ha reconocido que «en aquella época» muchas personas, entre ellas el presidente vasco, «quisieron hablar y hablaron» con él, pero a todos les dejó «absolutamente claro» que no pensaba negociar sobre la soberanía nacional.
Y así se lo trasladó «desde el primer momento» a los expresidentes de la Generalitat, con quienes «no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo».
Porque «dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de ponerle fecha o discutir los términos de cómo liquidar la soberanía nacional no era posible o al menos no lo era para mi» y, en concreto, ha citado a Puigdemont, con quien «en las últimas fechas ya era muy difícil hablar».
Todo ello pese a que desde el principio se esforzó porque su mensaje quedara «meridianamente claro": «Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales».
Rajoy ha querido dejar claro que ante la «excepcional» situación que se vivió en Cataluña decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución al creer que era «mucho más operativo y más justo» que el estado de sitio o de excepción. Y lo hicieron tras ser «muy prudentes» y avisar «hasta la saciedad» de que por ese camino no iban a ninguna parte.
Menos explícita que Rajoy con las imágenes del 1-O ha sido la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría que se ha limitado a decir que «no son agradables a la vista».
Y ello pese al «acoso masivo, generalizado y sistemático» hacia los alcaldes no independentistas y los agentes, quienes evitaron «situaciones que pudieron ser mucho más graves por la irresponsabilidad de la Generalitat» gracias a su «profesionalidad y prudencia».
Tanto ella como Rajoy se han desmarcado por completo de la operación Copérnico, que destinó unos 6.000 guardias civiles y policías a Cataluña para impedir el 1-O, al alegar ambos que no son los responsables de diseñar dispositivos policiales.
Aunque el expresidente no ha sido preguntado por la DUI, Sáenz de Santamaría no ha dudado en asegurar que el Gobierno nunca creyó que fuera meramente «simbólica» y por eso aplicó el 155.
También ha testificado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que ha admitido que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos al 1-O, pese a que la Generalitat tuviese intervenidas las cuentas porque un análisis contable «siempre puede resultar engañoso».
De hecho, ha reconocido que cuando detectaban «algún tipo de irregularidad», lo denunciaban ante la Fiscalía, algo que sucedió en siete ocasiones.
En esta primera jornada de testigos han declarado también el expresident Artur Mas, que ha admitido que el 1-O suponía una «alteración de la hoja de ruta», motivo por el que se permitió la «licencia» de aconsejar a Puigdemont que no abandonase nunca «la capacidad de convocar elecciones» porque «ahí es» donde la Generalitat «tiene la capacidad de control».
A última hora de la tarde, los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant han protagonizado la polémica del día al negarse a contestar a Vox pese a no estar permitido, por lo que el juez Marchena les ha invitado a abandonar la sala pese a sus esfuerzos en reconducir la situación.
Finalmente, el tribunal les ha impuesto una multa de 2.500 euros a cada uno y les ha dado un plazo de cinco días para que comuniquen si quieren volver a declarar o persisten su decisión, en cuyo caso se deducirá testimonio al juzgado de guardia por un delito de desobediencia.