La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santamaría ha destacado que en Cataluña hubo numerosas «actuaciones violentas» y «acoso masivo, generalizado y sistemático» durante el «procés», de los que ha responsabilizado a los líderes independentistas por sus llamamientos a incumplir la ley y ratifica que le dijo a Junqueras que no hablarían de referéndum.
Más de dos horas de comparecencia como testigo en las que Saenz de Santamaría ha hecho una férrea defensa de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados en Cataluña con motivo del 1-O, cuya «profesionalidad y prudencia», ha dicho, evitó un mal mayor.
De hecho, ha declarado que ellos evitaron «situaciones que pudieron ser mucho más graves por la irresponsabilidad de la Generalitat», a la que ha culpado de mantener el referéndum como parte de su «estrategia concertada» hacia la independencia, a sabiendas de que «la violencia del 20-S» se podía repetir.
Santamaría no ha dudado en manifestar que aquel día se produjeron «actuaciones violentas» frente a la Conselleria de Economía y que en los días previos esas imágenes «de naturaleza violenta» continuaron con un «acoso masivo, generalizado y sistemático» hacia los alcaldes no independentistas y los agentes.
«Yo se lo que es vivir un escrache y lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache, era un acoso violento» a las comisarías y hoteles en que se alojaron los agentes, ha dicho la entonces número dos del Ejecutivo central.
Eso sí, se ha desvinculado por completo de la operación Copérnico, que destinó unos 6.000 guardias civiles y policías a Cataluña para impedir el 1-O, al alegar que no era la responsable de «diseñar» dispositivos policiales: «He leído sobre ella».
Y aunque ha reconocido en más de una ocasión que las imágenes de agentes golpeando a personas el 1-O «no son agradables a la vista», ha culpado inmediatamente de nuevo a los convocantes: «Si no se hubiese convocado a la gente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente para impedir el referéndum, a lo mejor alguna de las imágenes no se hubiese producido».
Santamaría se ha mostrado más segura en sus respuestas ante la acusaciones que ante las defensas, con las cuales ha mantenido más de un rifirrafe que ha provocado la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, para que fuera concisa en sus contestaciones.
En un plano más político, ha afirmado que su ejecutivo no creyó que la DUI fuera meramente «simbólica», como han apuntado los procesados, y prueba de ello es que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, mucho «más oportuno» que el estado de sitio.
Pero una de las defensas le ha recordado que, como ella misma había manifestado antes, las resoluciones que no se publican oficialmente -como ocurrió con la DUI- no tienen validez, a lo que ha respondido: «Puigdemont podría haber dicho que no la había declarado o haberla revocado», cuando le preguntó por carta el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Hasta en tres ocasiones ha dicho que se reunió con Oriol Junqueras, quien le planteó la necesidad de hablar sobre el referéndum, algo que siempre rehusó porque no es potestad del Gobierno decidir sobre algo que corresponde al conjunto de todos los españoles.
«Ni con el señor Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación» porque «si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución», pero según ha dicho el exvicepreisdente catalán «nunca» le planteó abordar la convocatoria del referéndum a través de los cauces constitucionales.
Antes que ella, ha testificado el expresidente de la Generalitat Artur Mas, miembro habitual de las reuniones en las que se debatía el proceso independentista, en las que siempre escuchó «la voluntad» del Govern de pactar el referéndum, pero que «ante la imposibilidad de diálogo, no se decidió parar máquinas».
Tras apelar continuamente a la «experiencia» de la consulta del 9 de noviembre de 2014, por la que está inhabilitado hasta febrero de 2020, Mas ha explicado que su Govern tenía más vinculación con el 9N que el que lideró Carles Puigdemont con el 1-O, donde el protagonismo de la sociedad civil fue «determinante».
Una convocatoria que suponía una «alteración de la hoja de ruta» y sobre la que se permitió la «licencia» de aconsejar a Puigdemont que no abandonase nunca «la capacidad de convocar elecciones» porque «ahí es» donde la Generalitat «tiene la capacidad de control».
Aunque se intentó que el resultado obtenido aquel día «fuera vinculante desde un punto de vista jurídico» -ha proseguido Mas- «no se consiguió», aunque ha matizado que tras el 1-O «hubo una declaración de independencia en el Parlamento catalán», a diferencia del 9N.
El expresident, que ha dejado claro que si se echó a un lado en la presidencia del Govern fue porque quiso, ha asegurado que nunca se planteó un «escenario» de movilizaciones permanentes en las calles por el «riesgo» de violencia que podía comportar, sobre todo después del 1-O, donde el Estado actuó de manera «poco inteligente» al mandar a «las fuerzas de orden público para intervenir».
«El Estado tenía instrumentos suficientes para, desde un punto de visto jurídico, desnaturalizar el referéndum (...) No pensaba que iba a ser tan poco inteligente. Me equivoqué», ha precisado Mas, que se ha sometido a las preguntas del que fuese su mano derecha, Francesc Homs, también condenado el 9N.