La defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le traslade a una prisión catalana y le permita salir de prisión para asistir al pleno de constitución del Parlament y al de investidura, de forma que su encarcelamiento no altere las «mayorías» de la cámara.
Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, ha presentado un escrito ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que pide que sea trasladado de forma urgente a una cárcel de Cataluña para garantizar que, por su proximidad al Parlament, pueda desarrollar «su actividad de participación política».
Concretamente, Junqueras solicita ser excarcelado para los plenos de constitución del Parlament, previsto para el próximo 17 de enero, y de investidura, que se calcula tendrá lugar el 29 del mismo mes, para evitar que su situación afecte «a la dinámica de las mayorías parlamentarias», dado que su voto es «indelegable» y su función en el plenario «no puede ser sustituida».
Van den Eynde ha optado por solicitar el traslado de Junqueras al juez instructor, en vez de a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que el pasado mes de noviembre denegó la petición del expresidente de la ANC Jordi Sànchez para que se le desplazara a la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).
El escrito invoca el derecho de un diputado electo a ejercer «sus funciones políticas esenciales» y advierte de que impedir a Junqueras asistir a las sesiones del Parlament «modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular, que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas».
La defensa precisa que la presencia de Junqueras en el pleno de constitución del Parlament, con las medidas de vigilancia que se consideren adecuadas, es «insustituible», ya que «determinará la mayoría para la elección de la Mesa».
También en el pleno de investidura, añade el escrito, el voto de Junqueras «resulta indelegable y afectaría a la dinámica de mayorías parlamentarias, por lo que su función en el plenario no puede ser sustituida».
Según razona el abogado, el reglamento del Parlament establece que los diputados tienen el deber de asistir a los debates y votaciones del pleno, por lo que pide a Llanera que le permita permanecer en una cárcel catalana desde la que pueda hacer «las salidas propias de sus funciones», que se solicitarían paulatinamente a medida que se anuncien las sesiones de la cámara catalana.
«Evidentemente, la protección de los derechos políticos de un diputado implica la de la institución parlamentaria misma», añade el escrito, en el que el abogado insiste en que la decisión de Junqueras de presentarse a las elecciones pese a estar encarcelado «no es táctica, sino congruente con sus antiguas responsabilidades y su compromiso político público».
Por ello, Van den Eynde pide al juez que proteja «un derecho tan fundamental como el de participación política» y advierte de que no se puede «sacrificar» el derecho a voto de Junqueras «sin producir daños irreparables y afectar a derechos e intereses legítimos de terceros».
El escrito argumenta que el traslado de Junqueras a Cataluña para asistir a los plenos supondría «una notable reducción de costes de todo tipo, inherentes al uso de conducciones y vigilancias», y apela también a los «derechos personales» del exvicepresidente de estar cerca de su esposa y de sus dos hijos, de 2 y 5 años.