El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado este miércoles ante el pleno del Congreso su decisión de poner en marcha la vía del artículo 155 de la Constitución con la Generalitat de Cataluña por considerar que los dirigentes catalanes han usado «su posición institucional para perpetrar un ataque desleal y muy peligroso» contra la Constitución, la unidad de España, el Estatuto de Cataluña y «lo que es peor, contra la convivencia».
Rajoy ha iniciado su comparecencia ante el pleno confirmando que el requerimiento que ha enviado al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que aclare si ha declarado o no la independencia de Cataluña se ha producido «al amparo del artículo 155 de la Constitución». Este artículo, que permite al Gobierno dar instrucciones a las autoridades de una comunidad autónoma para que cumplan sus obligaciones, tiene como paso previo un «requerimiento» al presidente autonómico de que se trate.
Rajoy ha deseado hoy «fervientemente» que Puigdemont acierte en su respuesta al requerimiento y le ha advertido de que no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia.
«En su mano está -ha dicho- volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña».
Y ve llegada la hora de «poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia·.
Para Rajoy, lo que está sucediendo en Cataluña es un cuestionamiento sin precedentes a los ejes sobre los que se sustenta una sociedad democrática: libertad, pluralidad y legalidad.
El jefe del Ejecutivo también ha recalcado que, con el supuesto referéndum del 1 de octubre, el Gobierno catalán «incumplió la ley, las sentencias de los tribunales y su propia legalidad» y además «soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían».
Rajoy ha defendido que la crisis generada va mucho más allá de una diferencia política, sino que es un «desafío a requisitos previos a cualquier discusión política». «Lo que hemos visto, el desorden, la división entre catalanes y la huida de empresas son dramáticas consecuencias de la violación de las leyes», ha proseguido.
«La ley es lo que permite vivir civilizadamente, la que ampara los derechos de todos los ciudadanos, la que defiende al débil, la que delimita los cauces de la convivencia en armonía. Cuando falla la ley, triunfa la arbitrariedad, se abre paso el abuso y la injusticia, se pisotean los derechos y desaparece la concordia», ha proclamado Rajoy.
Rajoy «escuchará propuestas» de otros partidos pero no de Puigdemont
Rajoy ha asegurado que escuchará con mucha atención las propuestas que le quieran realizar otros partidos porque todo el mundo considera que debe contribuir a mitigar el desasosiego defendiendo las normas de convivencia, y ha ratificado su compromiso de perseverar en la unidad de los demócratas.
Tras repasar diversos acontecimientos ocurridos en los últimos años en torno al debate catalán, ha resaltado que en todo momento se ha mostrado abierto al diálogo.
«Los gobernantes de Cataluña no pueden alegar que no se dialogó con ellos porque es falso», ha añadido antes de recordar que Cataluña ha tenido acceso a casi 70.000 millones de euros en mecanismos de liquidez.
Y ha resaltado que no se puede aceptar bajo la apariencia de diálogo una imposición unilateral de puntos de vista ni negociar sobre la titularidad de la soberanía nacional.
Algo que ha dicho que deben tener en cuenta los «mediadores» que se han ofrecido durante estos días y los que ha pedido Puigdemont porque «no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la legalidad».
Con todo, ve posible dialogar sobre asuntos como la cantidad o calidad de los servicios públicos o el perfeccionamiento del autogobierno.
Incluso, ha dicho, se puede hablar de la reforma de la Constitución, pero sólo a través de los procedimientos previstos para ello.
Incumplir la ley
El presidente del Gobierno ha lamentado que el 1 de octubre el Gobierno catalán incumpliera la ley, las sentencias de los tribunales y su propia legalidad, y «soliviantara las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones».
En esa línea, ha considerado que el desorden, la división entre catalanes y la huida de empresas no son más que «dramáticas consecuencias de la violación de la ley».
Ningún supuesto resultado del referéndum ilegal cree que puede ser esgrimido como argumento para legitimar ninguna decisión política
Ha subrayado que ningún país del mundo se ha tomado mínimamente en serio el 1-O y ha explicado que el Estado actuó ese día protegiendo los derechos de todos, momento que ha aprovechado para agradecer la labor de jueces, fiscales, Policía y Guardia Civil.
«A nadie le puede gustar lo que ocurrió el 1 de octubre. Nadie puede sentirse feliz o satisfecho. Ni de la imagen de Cataluña ni de la farsa de las votaciones, ni de las burdas manipulaciones que se ese día se vertieron contra Policía y Guardia Civil», ha añadido.
El presidente del Gobierno ha recalcado que es una falsedad el «mantra» de que votar es democracia, ya que ha precisado que no lo es votar contra la democracia o votar al margen de ella, como cree que ocurrió el 1 de octubre.
Para él, el independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia, y a las graves consecuencias que cree que ya está habiendo, ha vaticinado que seguirán otras peores mientras no se restablezca el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la ley.
En ese camino ha destacado el papel que puede jugar el «catalanismo pactista e integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos».
Tu si que eres peligroso.