El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ultima la declaración de independencia que este martes prevé plantear en el Parlament, con efectos «progresivos» y con la previsión de iniciar un «proceso constituyente» en Cataluña, según han explicado diversas fuentes soberanistas.
Ha sido un lunes frenético de reuniones a múltiples bandas entre los distintos actores soberanistas para comentar los escenarios que puede abrir la comparecencia que protagonizará Puigdemont este martes a las 18.00 horas en el Parlament.
El núcleo duro del proceso independentista -con Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, representantes de partidos y entidades, así como exdirigentes soberanistas- ha mantenido reuniones por la mañana y por la tarde, para debatir los últimos borradores de la declaración de este martes, que no han parado de variar a lo largo de la última semana debido a la cadena de acontecimientos y cuya versión final no se dará por cerrada hasta mañana, han explicado fuentes conocedoras de las conversaciones.
Según las fuentes consultadas, la declaración de Puigdemont -que no se votará porque la ley del referéndum, aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional, no lo prevé- hará énfasis en la voluntad de diálogo del Govern para encauzar su pulso con el Estado e insistirá en la necesidad de buscar una mediación.
De acuerdo con los borradores que se manejan, Puigdemont se plantea una declaración de independencia con «efectos progresivos», en la que para algunas cuestiones se proclamaría que Cataluña pasa a ser soberana -previsiblemente las que conciernen a su marco institucional-, mientras que en otros asuntos la desconexión requeriría una negociación directa con el Estado o una mediación internacional para resolver el contencioso.
Según admiten diversas fuentes soberanistas, sin un acuerdo con el Estado, el Govern no puede aplicar entero el marco legal catalán que establece la ley de transitoriedad jurídica -por ejemplo, la administración de justicia o las finanzas-, por lo que consideran que la apelación al diálogo y la mediación es imprescindible.
La declaración también aludirá a la activación de un proceso constituyente, como establece la ley de transitoriedad jurídica, que preveía que si ganaba el 'sí' en el referéndum del 1-O el Govern pondría en marcha un proceso «democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República» catalana, una tarea en la que los independentistas confían que se implicarán los comunes.
Uno de los objetos de debate es el plazo a establecer hasta la convocatoria del siguiente «filtro democrático», que serían unas «elecciones constituyentes».
Algunos borradores fijaban un plazo de seis meses hasta las «constituyentes», aunque en los debates internos hay quien aboga por plantear un máximo de ocho o doce meses, mientras otros desaconsejan concretar un límite temporal.
La tormenta económica generada ante la perspectiva de una declaración unilateral de independencia, que ha motivado en los últimos días que numerosas empresas catalanas hayan anunciado en cadena que trasladarán su sede social fuera de Cataluña, ha ejercido presión sobre Puigdemont para que rebaje su declaración de este martes.
También en el seno del mundo soberanista, especialmente en el PDeCAT, hay debate sobre el alcance que debe tener la declaración, teniendo en cuenta la contundencia con que podría responder el Estado.
El pasado viernes, los diputados del PDeCAT se reunieron para analizar la situación y, según fuentes demócratas, hubo un «cierre de filas» con Puigdemont para que aplique lo que marca la ley del referéndum y proclame la independencia.
Pero el debate en el PDeCAT prosigue y este lunes, en una reunión con cuadros, alcaldes y consellers del partido ha habido voces que advertían de los riesgos, unos temores que ya expresó la semana pasada el conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, y que han vuelto a aflorar hoy en una de las reuniones con miembros del Govern.
Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana ha acordado anular la concentración que habían convocado para mañana en apoyo a la declaración de independencia en el parque de la Ciutadella, frente al Parlament, y limitarla al paseo de Lluís Companys, al alegar que los Mossos d'Esquadra mantendrán cerrado el parque.
Mientras tanto, ante la dirección del PP, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado que el Ejecutivo «hará todo lo que haga falta» para impedir la independencia de Cataluña.
Desde el PP, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha generado polémica al advertir a Puigdemont de que si declara la independencia podría acabar en prisión como le sucedió al presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys.
En un intento para evitar el choque, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que «no tomen ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo» y actúen «con la cabeza fría y con responsabilidad».