La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE es la encargada de que las actuaciones de los órganos de dirección del partido se ajusten a los estatutos y ejerce su labor con autonomía, si bien también podría verse afectada por la fuerte división que vive el partido.
Los críticos que pretenden derrocar a Pedro Sánchez como secretario general han pedido que se reúna la comisión para que emita un informe sobre la situación creada por la dimisión de 17 miembros de la dirección, aclare si ésta queda formalmente disuelta y acuerde crear una gestora que tome las riendas del partido.
No obstante, la ejecutiva que permanece del lado de Sánchez no tiene en mente solicitar que se reúna la Comisión de Ética y Garantías, al alegar que la disputa por el control del partido debe abordarse en el Comité Federal y, posteriormente, en un congreso extraordinario.
La comisión está integrada por cinco personas, que fueron designadas en el último congreso federal celebrado en julio de 2014, cuando Sánchez tomó las riendas del PSOE.
La presidencia del órgano, que es la que convoca las reuniones, recae en Isabel Celáa, exconsejera vasca y exparlamentaria autonómica del PSE, que apoya en bloque a Sánchez.
La comisión cuenta con tres vocalías, ocupadas por personas del entorno del sector crítico:
María Jesús Montero es la actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Inés Ayala es europarlamentaria desde 2004 y pertenece a la federación de Aragón, otro de los territorios que apoyan casi sin fisuras la rebelión contra el secretario general.
El tercer vocal es Wilfredo Jurado, abogado del exsecretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez, uno de los principales detractores de Sánchez.
Completa el grupo, como secretario, Félix Bolaños, a quien se sitúa en el entorno de los partidarios del secretario general.
Bolaños es letrado del Banco de España y miembro del Comité Regional del PSOE madrileño, quien fue de número 25 en la lista por Madrid al Congreso en las elecciones del pasado 20 de diciembre.
Respeto al partido
La Comisión de Ética y Garantías, que adopta sus acuerdos por mayoría, ejerce su tarea con «autonomía y bajo los principios de respeto al partido, a sus estatutos y reglamentos» y su independencia «la garantiza el Comité Federal».
Entre sus funciones, están la de interpretar los estatutos y emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos colegiados del partido, como los críticos recuerdan en su escrito de renuncia a seguir en la Ejecutiva.
La comisión también informa al Comité Federal de los litigios surgidos entre los órganos del partido entre sí y con los militantes.
Podrá, de oficio o a petición de una instancia del partido, «iniciar y proseguir cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones que no se ajusten a la normativa vigente».
Cualquier militante y colectivo que «invoque un interés legítimo» podrá dirigirse a ella «sin restricción alguna».
La convocatoria de la comisión, que delibera de forma secreta, tiene que hacerse con al menos tres de días de antelación, si bien el plazo puede acortarse cuando existan «razones justificadas que requieran una reunión urgente.