Ciudadanos (C's) propone en su programa electoral que, en el marco de una política para favorecer el crecimiento de las empresas españolas, la Administración Pública reserve para pymes entre un 20 y un 25 por ciento de las compras que realice de bienes y servicios, además de pagar a los proveedores en un plazo máximo de 30 días.
Asimismo, aboga por eliminar las barreras regulatorias que afectan a las empresas a medida que crecen, acabar con los «incentivos fiscales perversos» que favorecen la microempresa como «la mayor impunidad al fraude fiscal», reducir las trabas administrativas a la hora de hacer negocios, apoyar los procesos de concentración empresarial y crear una agencia de apoyo a pymes, entre otras medidas.
En el ámbito del trabajo, además de medidas ya anunciadas como el modelo de contrato único, el complemento salarial anual o los cheques de formación para desempleados, Ciudadanos añade dos más: una renta de rehabilitación para los trabajadores mayores de 45 años que tengan que reciclarse para mantener sus empleos y una renta de reintegración para los parados de larga duración que no cobran prestación y que requieran de un intenso proceso de formación para reinsertarse en el mercado laboral.
Con el objetivo de recuperar el talento de los españoles que han tenido que emigrar para buscar trabajo en el extranjero, C's quiere ofrecer incentivos a las empresas, centros de investigación y asociaciones, e incluso a las Administraciones Públicas, que deseen contratar a personas con trayectoria profesional en el exterior, facilitándoles así el acceso a oportunidades laborales concretas en España.
Igualmente, plantea crear una plataforma que identifique, contacte y atraiga a personas altamente cualificadas a proyectos públicos y privados en ejes estratégicos para el desarrollo del país.
Sistema de pensiones trasparente y flexible
En cuanto a las pensiones, el programa elaborado por C's de cara a las próximas elecciones generales dice que se debe modernizar el sistema y hacerlo sostenible y garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
También ve necesario ofrecer transparencia, de forma que cada persona pueda saber con qué pensión podrá contar cuando se jubile, y flexibilidad, con el fin de que cada uno pueda decidir libremente a qué edad jubilarse para así acceder a una pensión adecuada.
En el apartado dedicado a la Justicia destaca, aparte de las reformas encaminadas a su despolitización, su propuesta de una «exención generalizada» de las tasas judiciales, con la excepción de que podrán mantenerse para grandes empresas que hagan un uso frecuente del acceso a la Justicia pero «nunca en una cuantía que pueda suponer un obstáculo importante para el acceso». De esta manera, las pymes ya no tendrán que abonar tasas.
Eliminar las cláusulas suelo
En materia de vivienda, Ciudadanos quiere eliminar la cláusula suelo en los contratos de préstamos celebrados con consumidores, incluyendo la devolución por parte de las entidades de todas las cantidades pagadas de más que correspondan por aplicación de esa cláusula.
Además, para las personas en situación de «emergencia social» que se enfrenten a un desahucio, plantea que puedan seguir usando la vivienda durante un máximo de tres años durante los cuales sería expropiada forzosamente a la entidad financiera. El beneficiario satisfaría una parte del justiprecio.
Otra medida incluida en este apartado es que parte del valor de la vivienda habitual sea inembargable para que, tras la ejecución hipotecaria, dicho valor se entregue al deudor con el fin de que pueda satisfacer con ella sus necesidades de alojamiento. Podrá solicitar una nueva tasación de la vivienda y, si la subasta queda desierta, el acreedor se adjudicará el inmueble por el 100% de ese valor, quedando extinguida la deuda en la misma proporción.
Sí al autoconsumo energético y no al fracking
Como parte de su política de energía y medio ambiente, el partido de Albert Rivera maximizaría la utilización de fuentes de energía renovables, fomentaría el autoconsumo -eliminando por ejemplo el peaje de respaldo- y descartaría el 'fracking' como técnica para la explotación de hidrocarburos. Frente a los incendios forestales, agravaría el tratamiento penal del delito medioambiental.
En relación con la pobreza energética, señala que lo mejor es centrarse en erradicar el problema, más que en «paliarlo temporalmente» con el bono social. Así, defiende que las familias afectadas sean objeto prioritario de la inversión pública en medidas de eficiencia energética y autoabastecimiento para que sus viviendas tengan un consumo de energía casi nulo.