El juez Fernando Andreu cree que los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato «consintieron» y «propiciaron» el uso indebido de fondos de la entidad mediante un sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para «evitar» los controles.
Así lo expone el magistrado en los autos en los que les impuso anoche una fianza de 16 millones a Blesa y de tres a Rato después de haberles interrogado como imputados, en los que aprecia indicios suficientes de que ambos cometieron un delito de administración desleal mientras estuvieron al frente de la caja madrileña.
Para Andreu, que tomó esta decisión anoche a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió el FROB, los dos «autorizaron» y «consintieron» la entrega y uso de los plásticos a consejeros y directivos de Caja Madrid, así como los gastos que generaron, que ascendieron a 15,25 millones.
Unos gastos que, además, se contabilizaron «de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores».
De lo hasta ahora investigado, explica Andreu, se desprenden indicios «racionales y bastantes» de que los expresidentes de Caja Madrid habrían «consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad», mediante la atribución y entrega de las tarjetas en «provecho propio» a miembros del Consejo, de la Comisión de control, consejeros ejecutivos y directivos.
Una práctica que conllevó a que 86 personas percibieran bajo sus respectivas presidencias cantidades «en concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado» al respecto.
Tampoco existen órdenes o decisiones por parte de directivos ni documentación alguna que justifiquen «la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas», ni elementos que demuestren que los dos máximos mandatarios de la caja realizaran algún control o supervisión de los gastos que generaron.
Con todo ello, el magistrado sostiene que incumplieron la Ley de Cajas de 2003, que establece que en el ejercicio de las funciones de los miembros de sus órganos de gobierno «no se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones».
Entendiendo como indemnización «la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental».
Dichas pautas, explica, se mantuvieron en la nueva redacción de la ley en enero de 2011, pero fueron «incumplidas mediante la emisión y uso de tan mencionadas tarjetas».
Puesto que la apertura de juicio oral «no se encuentra en absoluto cercana», y ante «el temor a la inoperancia final» de un procedimiento «de tal dimensión», el juez aprecia una «necesidad real» de adoptar esta medida para asegurar las responsabilidades civiles «sobre las que recaen las sospechas que van aflorando» según avanza en su investigación.
El juez impuso estas cantidades de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo.
Los exbanqueros, que pueden recurrir los autos, disponen hasta el próximo miércoles para hacer efectivas sus fianzas, o de lo contrario se les embargará sus bienes.