El Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de ley que permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen una televisión pública en su región o no y, en el caso de hacerlo, puedan optar por su privatización.
Las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales.
En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha informado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas.
La vicepresidenta aseguró que se trata de una «importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas», dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisiones.
La nueva norma, ha añadido, amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica.
El proyecto de ley aprobado hoy es el resultado de un anteproyecto de ley que el Ejecutivo remitió a distintos órganos consultivos y de los informes elaborados por éstos sobre las televisiones autonómicas.
El Gobierno también había anunciado en los primeros días de legislatura su intención de modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para eliminar la prohibición de que las televisiones autonómicas puedan ceder a terceros determinados programas.
Así, el pasado mes de marzo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se mostró a favor de la introducción de gestión privada en las televisiones autonómicas al considerar que podía contribuir a introducir competencia en esos ámbitos.
Además, la CNC señalaba diversas ventajas que podría suponer este sistema para la gestión de los recursos públicos.
La CNC valoró el anteproyecto del Ejecutivo y recordó que la participación de financiación pública en el total de los ingresos de las televisiones públicas en España está por encima del 30%.
Además, la CNC señaló que, mientras aumenta el coste, las televisiones públicas autonómicas vienen reduciendo su cuota de audiencia en los últimos años (unos seis puntos porcentuales, del 17,3% al 11,3%, entre 2005 y 2010).
Sáenz de Santamaría ha recordado hoy que, hasta ahora, este servicio público debía ser prestado por la administración autonómica con sus propios medios.
La norma aprobada hoy «busca mayor eficacia y eficiencia» y «responde a peticiones de muchas comunidades autónomas» que ante las dificultades por las que atraviesan reclamaban que se ampliasen las posibilidades que daba la anterior regulación en este materia, ha indicado la vicepresidenta.