Todas las cajas y grupos de cajas de ahorros españolas y la mayoría de bancos han anunciado su decisión de adherirse al Código de Buenas Prácticas que incluye medidas que buscan minimizar el problema de los desahucios para las personas que se encuentran en el umbral de la exclusión social.
En un comunicado remitido hoy por la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) se explica que todas estas entidades y grupos de ellas han expresado su intención de adherirse al citado Código, que atiende a uno de los objetivos «fundamentales» de las cajas, su «tradicional lucha contra la exclusión social y financiera».
Así, según la CECA, las cajas que se han adherido a este Código son Caixabank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank, Grupo BMN, Liberbank, Caja España-Duero, CataluñaCaixa, Novagalicia Banco, Banca Cívica, Caja 3, Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa.
Pese a su adhesión al Código, la CECA ha recordado que estas entidades ya habían puesto en marcha medidas para los clientes que se encuentran «en situaciones de extrema vulnerabilidad», como refinanciaciones o periodos de carencia, unas iniciativas que también llevan a cabo los bancos.
En el caso del Banco Santander, además de adherirse al Código, mantendrá la medida de moratoria hipotecaria que anunció el pasado verano y con la que dice que ha dado soluciones a 9.820 familias con hipotecas por un total de 1.634 millones de euros.
Además del Santander también se han adherido al Código, el Banco Popular, Banco Pastor, Targobank -entidad participada a partes iguales por el Popular y Crédit Mutuel-, Banco Sabadell y Bankinter, además de Cajamar o el grupo de rurales CRM.
De las grandes entidades, aún falta por conocer la decisión del BBVA, entidad que lo está estudiando.
El Código de Buenas Practicas se incluye en un real decreto aprobado por el Gobierno con medidas para paliar el problema de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social, aquéllas con una única vivienda, todos sus miembros en paro y sin rentas del trabajo.
La banca que asuma el Código de Buenas Prácticas tendrá que refinanciar las hipotecas de las familias con riesgo de exclusión social.
Antes de que se haya iniciado la ejecución de la propiedad, los hipotecados podrán pedir a su banco una carencia de 4 años en los que sólo pagarán intereses, la ampliación de la hipoteca a 40 años y la reducción del interés aplicable a euríbor más 0,25 puntos.
Si a pesar de la refinanciación, la familia no puede pagar su hipoteca porque con ella se va más del 60 % de sus ingresos, puede pedir una quita de la deuda pendiente.
La quita es posible aunque el banco haya iniciado ya el proceso de ejecución, siempre que no esté anunciada la subasta.
Si esta medida tampoco resulta suficiente, las familias pueden dar su vivienda para saldar la deuda con la entidad -lo que se conoce como dación en pago-.
Y en el caso de que la familia entregue su casa a la entidad financiera, podrá quedarse en ella, en régimen de alquiler, al menos dos años.