Las familias con todos sus miembros en paro podrán evitar el desahucio de sus viviendas, si su valor no supera los 200.000 euros, siempre que las entidades que concedieron sus hipotecas se adhieran a un código de buenas prácticas que aprueba hoy el Gobierno.
Este código se incluye en el decreto ley de medidas urgentes en materia de ejecuciones hipotecarias para abordar el problema social de los desahucios en las personas con riesgo de exclusión social y que estudiará hoy el Consejo de Ministros.
Condiciones
La primera condición será que la vivienda sea la primera y única que posee la familia, que deberá tener todos sus miembros en paro o sin ningún tipo de renta por actividad económica. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia.
Otro de los factores determinantes para evitar el desahucio será que el valor de la vivienda afectada se situará entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño del municipio.
También se estudia la opción de considerar que el riesgo de exclusión de una familia estará «agravado» cuando el titular de la vivienda sea mayor de 65 años o tenga una discapacidad.
Igual sucedería en los casos en los que tenga menores a su cargo, hijos mayores con una minusvalía igual o superior al 33 por ciento o ascendientes mayores de 65 años.
El decreto-ley contendrá asimismo una rebaja en los intereses de demora en los pagos que no se puedan afrontar, y cuya tasa anual no podrá ser superior al 1,5 por ciento sobre el saldo vivo del crédito.
En este código se incluirá la dación en pago voluntaria para los colectivos en riesgo de exclusión, una posible moratoria de dos años antes del desalojo o la posibilidad de abonar durante ese plazo una cantidad equivalente a un alquiler.