El sector financiero dio ayer una fría acogida a las iniciativas del Gobierno para atenuar los desahucios y, aunque anunció que las apoyará, recordó que ya estaba tomando medidas para ayudar a los más desfavorecidos.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Código de Buenas Prácticas Bancarias que obligará a las entidades que se adhieran a él a abaratar las hipotecas de las familias paradas y con bajos ingresos, o, llegado el caso, a aceptar la dación en pago, que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda.
Estas medidas han tenido una rápida respuesta de las entidades financieras, que han recordado que el desahucio es la última de las medidas deseadas y que en estos casos prefieren siempre renegociar la hipoteca o suavizar el pago de las cuotas.
La Asociación Española de Banca (AEB), además, se ha quejado de que el Gobierno les está obligando a asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a la Administración.
Además, resalta que «una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos».
En el mismo sentido se posicionó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que recordó que estas entidades ya «son sensibles» a los problemas a los que se enfrentan las familias que no pueden pagar su hipoteca.
Las cajas, dijo la organización, «ya disponen de planes específicos», similares a los que ha regulado el Gobierno.
Insuficiente
Para alguna de las organizaciones de clientes bancarios, sin embargo, las medidas que son insuficientes para paliar los problemas hipotecarios en España.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) auguró el fracaso de la norma «porque solo se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades bancarias».
También ha destacado que la dación en pago «no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desahucio».