El Gobierno ha fijado un objetivo de déficit para las comunidades autónomas del 1,5 % para 2012, frente al 1,3 % establecido con anterioridad, en tanto que para la Administración General del Estado será del 4 %, frente al 3,2 % anterior, y para los ayuntamientos del 0,3 %, igual al ya previsto.
Para la Seguridad Social se prevé una situación de equilibrio, en lugar del superávit del 0,4 % que inicialmente se había calculado, según ha avanzado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría.
De esta forma, el déficit público para el conjunto de las administraciones será del 5,8 % del PIB, lo que supondrá un ajuste de 2,7 puntos del PIB (desde el 8,5 % alcanzado en 2011), que equivalen a casi 29.000 millones de euros.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha considerado que superar la meta de déficit del 4,4 % comprometida por el anterior Gobierno no tiene por qué derivar en sanciones por parte de las autoridades europeas, puesto que se mantiene el objetivo del 3 % para 2013, una cifra que sigue considerado viable porque la economía mejorará.
Según ha explicado el ministro, en abril se remitirá a Bruselas el programa de estabilidad y reformas, y a partir de ahí se verá si hay cambios en los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Del ajuste que hay que afrontar en 2012, Montoro ha recordado que ya fue aprobado en diciembre un primer recorte de gasto de 8.900 millones y una subida de impuestos por importe de 6.275 millones, pero no ha precisado de dónde saldrán los casi 14.000 millones restantes.
No obstante, ha descartado una subida de impuestos adicional para este año o un alza de las cotizaciones sociales, posibilidad esta última que cree que sería contraproducente para la creación de empleo.
Tampoco el Gobierno tiene previsión de hacer recortes en las prestaciones sociales o en las pensiones, según Montoro.