El Consejo de Ministros aprobó ayer por decreto ley la reforma del sistema de protección por desempleo y del subsidio agrario, que entrará en vigor el lunes, tras su publicación hoy en el BOE. El texto suaviza ligeramente la primera propuesta del Ministerio de Trabajo en lo relacionado con el concepto de oferta adecuada de empleo, rebajando de 50 a 30 kilómetros y de 3 a 2 horas de desplazamiento la distancia geográfica del lugar de trabajo con la residencia del parado y lo vincula a sus circunstancias familiares y personales. El Gobierno asegura que su intención al aprobar la reforma un día después de la convocatoria de huelga general no ha sido la de dar un golpe de efecto, sino evitar efectos perniciosos sobre el empleo.
«Las medidas no se toman para sorprender. El Gobierno tiene que actuar. Llevo más de un mes hablando de este tema y, una vez que hemos podido formarnos opinión, y hemos sido sensibles a opiniones ajenas de quienes han querido acudir a llevarnos sus propuestas, tampoco es bueno seguir con procesos abiertos a expectativas que no contribuyan a la mejora del empleo», afirmó el titular de Trabajo. Según Juan Carlos Aparicio, el Gobierno ha pretendido ampliar la protección con medidas de inserción laboral «conjugadas con políticas activas y pasivas», incorporar colectivos actualmente desprotegidos como el de eventuales agrarios y «abrir» la renta activa de inserción a colectivos con más dificultades para acceder al trabajo como emigrantes retornados, minusválidos y mujeres maltratadas. Por ello, el Real Decreto supone «una clara mejora respecto a la situación preexistente».
Explicó algunas de las medidas incluidas en la reforma como que el «compromiso de actividad» "antes sólo obligatorio para los beneficiarios de la renta activa de inserción" se generalizará a todos los parados, con el fin de «potenciar la búsqueda activa de empleo, saber quién está disponible y volcar sobre esas personas más y mejores esfuerzos», lo que es además una «nota constante» de la UE». Entre las sugerencias aceptadas por el Gobierno para mejorar el texto, están las garantías de que no haya grandes diferencias de profesión, salario o aspectos geográficos, cuando el Inem ofrezca empleo adecuado a un parado.
Así, la norma limita la definición de «empleo adecuado» a 30 kilómetros de distancia con dos horas de desplazamiento, una garantía de que la renta nunca quedará por debajo del salario mínimo interprofesional, además de que se tendrá en cuenta «en todo momento el resto de circunstancias personales y económicas» del trabajador en paro. Respecto a la situación actual del rechazo de la primera oferta de empleo o acción formativa, que «es la situación hoy existente», recordó, el texto establece que para penalizar con la retirada o recorte de la prestación haya hasta «tres oportunidades para aceptar una oferta adecuada, siempre según los servicios técnicos correspondientes», matizó.
Se adecúa el concepto de trabajador fijo discontinuo, a efectos de la protección, a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y se precisa el concepto de rentas incompatibles con la percepción del subsidio. También se posibilita compatibilizar las prestaciones por desempleo con el trabajo para sustituir con desempleados a trabajadores de pequeñas empresas mientras estos asisten a cursos de formación.
Respecto a los salarios de tramitación, el ministro aseguró que la intención del Gobierno es lograr «la inmediatez de la entrada en funcionamiento de las garantías de renta cuando se produzca la pérdida del puesto de trabajo y que en todos casos haya continuidad de ingresos. Según Aparicio, la modificación «más positiva» es la de posibilitar que todos los trabajadores puedan acceder al sistema contributivo de desempleo, porque aún «hay un grupo de más de 200.000 personas "temporales agrarios" que están excluidos», precisó.