La Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española negó ayer la veracidad de las informaciones facilitadas el lunes por la Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER), en las que se denunciaba que «algunas diócesis vinculan» la continuidad de los docentes a «un impuesto revolucionario».
Esta especie de «impuesto revolucionario», explicaron los representantes de la FEPER, se configura de diversas formas, según las diócesis, como «el pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo o la realización de cursos».
Para la Comisión de Enseñanza que preside el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, «las afirmaciones vertidas por los llamados representantes de la asociación de profesores FEPER carecen de fundamento y verdad».
En una nota facilitada este mediodía por la citada Comisión del Episcopado español, se afirma que se ha recabado información de las diócesis de Canarias, Tenerife y Getafe (las diócesis imputadas ayer por la FEPER como autoras de las prácticas denunciadas).