El Gobierno expresó ayer su «máximo respeto» al fallo británico favorable a la extradición de Pinochet a España, afirmó que seguirá colaborando con la Justicia y reclamó un «esfuerzo» de «todos» para que este caso no perturbe las relaciones de «amistad profunda y solidaridad mutua» entre España y Chile.
Tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, consideró además «lamentables» y «absolutamente extremosas» las críticas contra España lanzadas por la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, y reprochó al juez Garzón que no utilizara los conductos diplomáticos oficiales para solicitar la apelación ante un eventual fallo favorable a Pinochet. El ministro portavoz expresó su esperanza en que la decisión del juez Ronald Bartle no desencadene sanciones del Gobierno chileno contra las inversiones españoles en Chile, porque, según subrayó, «ligar una cosa con otra no tiene ningún sentido».
El PSOE manifestó su «alegría» por la decisión de dar 'luz verde' a la extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pero constató que la noticia, que alegra «a todos los demócratas del mundo», entristece a los fiscales de la Audiencia Nacional, al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al Gobierno de María Aznar. El secretario de Cultura del PSOE, Joaquín Leguina, que fue asesor del presidente Salvador Allende en vísperas del golpe de Pinochet, manifestó la solidaridad de su partido con las víctimas y familiares de la dictadura, agradeciendo especialmente al fiscal británico que ha representado a España su «valor excelente».
Por contra, Leguina constató que al Ejecutivo español le tocará «vestirse de cordero». «El Gobierno ha estado intentando con todos los medios a su alcance paralizar el procedimiento, ha intentado engañar a todo el mundo y ha quedado en evidencia», dijo.