A partir del próximo 28 de junio los nuevos cajeros automáticos que se instalen en las cajas y bancos de toda España deberán implementar interfaces más intuitivas para sus usuarios. Incorporarán opciones de manejo por voz y táctiles, para las personas con problemas de visión y audición, marcando un antes y un después en la atención a las personas con diversidad funcional, pero también para las personas mayores que llevan años sufriendo los efectos de la brecha digital.
Con la ley en la mano el uso de los dispositivos debe mejorarse hasta alcanzar el punto de que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura sin necesidad de asistencia personal. La mala noticia es que la nueva normativa, que obliga a las financieras a adaptar sus servicios transponiendo una directiva europea, concede un periodo de gracia para los cajeros ya existentes, que podrán prolongar su vida útil durante un periodo máximo de diez años.
¿Cuándo llegará el nuevo modelo de cajeros a Baleares? Lo cierto es que a día de hoy no existe un calendario de implantación que permita decir a ciencia cierta cuándo llegarán los cajeros, cuántos serán y dónde se implantarán. Lo que para unos puede parecer una mejora para otros es una utopía. En este momento hay al menos cuatro pueblos en Mallorca que no tienen oficinas Bancarias: Deià, Escorca, Mancor de la Vall y Estellencs. Escorca ni siquiera dispone de cajero automático.
Mancor consiguió conservar el suyo después de amagar con retirar de Caixabank las cuentas bancarias del Consistorio, pero no están precisamente satisfechos con su servicio. «Continuamente da errores y se queda sin dinero. No permite hacer ingresos. Sobre todo para la población mayor tener un cajero que no funcione es una dificultad enorme. Me cae la cara de vergüenza al ver a principios de mes personas que van a sacar la pensión y no pueden hacerlo. No sé cuantas veces he reclamado que pongan un cajero nuevo y que mejoren el servicio, pero siempre responden que no», lamenta su alcalde Pep Frontera.
Estellencs y Deià, tras varios años en blanco, alcanzaron un acuerdo con ATM para que instalara uno de los llamados ‘cajeros universales en sus municipios’. Han tenido que ceder un espacio para su colocación, pero el Ajuntament no tiene que pagar por su mantenimiento.
El tiempo en el que los bancos estaban dispuestos a desplazarse al menos una vez por semana a los pueblos menos poblados para dar servicio a sus clientes ya pasó a la historia y los hay que incluso han llegado a pedir a los ayuntamientos un desembolso de 10.000 euros al año y un local gratis, a cambio de instalar uno de sus cajeros. Así lo explica Joan Rotger, alcalde de Selva: «Hace unos cinco años, antes de la pandemia, cuando se retiraban las oficinas bancarias en nuestro municipio buscamos alternativas, entidades que al menos pusieran un cajero en Caimari que había perdido el de Banca March, y Correos nos pidió que cubriéramos el coste, que cifró en 10.000 euros al año», relata. Ahora disponen de una única oficina de Caixabank en su término municipal que cuenta con cuatro pedanías (Caimari, Moscari, Biniamar y Binibona).
El PI ha registrado esta semana una moción en el Consell de Mallorca para ser debatida en el próximo pleno, en la que pide, entre otras cuestiones, instar al Ministerio de Hacienda a interceder ante las entidades bancarias para establecer acuerdos con las administraciones locales de los municipios o núcleos de población que no disponen de ninguna oficina, con el objetivo de que reabran sucursales físicas donde sea posible o desplieguen unidades móviles al estilo de las que operan en la España Vaciada.
Recuerda que la brecha digital no se da solo en las oficinas bancarias, sino en la interación de los ciudadanos con la propia administración. Denuncia que «personas mayores han quedado sin poder ir a un viaje a Menorca organizado por el Consell de Mallorca por no haber podido realizar el trámite de manera digital» y propone que tanto las entidades financieras como las instituciones públicas ofrezcan dos modalidades de atención al público: la presencial y la digital.
'Soy mayor, no idiota'
Hace ahora dos años, la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, impulsada por un jubilado valenciano, consiguió reunir 600.000 firmas en toda España «para que los bancos no se olvidaran de los mayores». Este clamor popular llevó al Gobierno central y las entidades bancarias a firmar un Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca que, entre otras cuestiones, recogía la ampliación de los servicios de caja con atención personalizada para mayores de 9h a 14h y daba prioridad a las personas mayores y personas discapacitadas en casos de alta afluencia de público en sus oficinas. El Observatorio de Inclusión Financiera haría en virtud del acuerdo un seguimiento semestral de cumplimiento. Se trata de un organismo creado por las propias entidades bancarias.
Con la idea de garantizar cierta imparcialidad el Banco de España debía elaborar un informe anual de seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la población española a los servicios bancarios. ¿Se ha cumplido lo pactado?
Según el Ministerio de Economía el pasado mes de julio el 95 % de los 243 municipios de más de 500 habitantes que en 2023 no tenían ningún tipo de servicio financiero habían logrado dar cobertura a través de la instalación de cajeros u otras modalidades alternativas como los Offibuses. Estos últimos son los que el PI quiere para Baleares.
El Gobierno central da por buenos los datos presentados por las patronales bancarias que también afirman que un un 80 % de las oficinas habrían ampliado sus horarios y el 90 % de los cajeros estarían ya adaptados para las personas mayores o con discapacidad.
No obstante, no todo va sobre ruedas. El ministro Carlos Cuerpo ha presentado un informe preliminar sobre la distribución de oficinas bancarias en las 15 ciudades más pobladas de España y explica que «se observa que existe un cierto sesgo en la distribución de oficinas bancarias hacia las secciones de mayor renta». Eso podría explicar la marcha de las oficinas bancarias de Son Cladera en Palma que han denunciado las asociaciones vecinales y de la tercera edad. Tiene una renta media de 18.994 euros, una de las más bajas de las barriadas de la capital balear.
llaüt¿Banco público?. Parece que no le bastó la experiencia de las cajas de ahorros, que fueron un colacadero de políticos incompetentes y de amiguetes, un ejemplo de mala gestión y supusieron un dispendio de dinero, pues tuvieron que ser rescatadas.