Los promotores de Baleares quieren que el Govern liberalice suelo en todos municipios de las Islas sin excepciones. No les basta que se haga en Palma y en los municipios de más de 10.000 habitantes: quieren que las medidas de desbloqueo de suelo se extiendan al resto de municipios y así lo han planteado en las alegaciones al decreto de vivienda que han registrado este jueves en el Parlament.
En el escrito, piden que cada municipio pueda acordar libremente la aprobación de estos proyectos estratégicos para desbloquear la construcción de pisos «sin necesidad de que sean proyectos superiores a las 100 viviendas» e incluso llega a proponer que se cambie el nombre del decreto y pase a ser de «actuaciones urgentes destinadas a facilitar el desarrollo de suelo urbano y urbanizable de les Illes Balears».
Otra enmienda de los promotores afecta a la Áreas de Transición: proponen que la posibilidad de urbanizar este tipo de suelo rústico se apruebe en un decreto ley o en una ley diferente para evitar que se impugne la norma por una posible invasión de competencias municipales. Creen que este suelo rústico reclasificado debe destinarse de forma exclusiva al desarrollo de vivienda protegida.
Las alegaciones de los promotores tienen otras propuestas de calado, como la que pide que la declaración de una vivienda de precio limitado no sea de por vida, sino que a los 30 años pase al mercado libre si está en suelo privado. Esta petición choca con la Ley de Vivienda de Baleares, que establece que una vivienda financiada con dinero público, como es el caso de VPO, no pueda venderse nunca a precio libre para evitar así que los propietarios que compraron una vivienda con ayudas hagan después negocio al venderlas a precio libre.
Los promotores piden que se limite a 30 años y dicen que la petición tiene su fundamento en el hecho de que el suelo de propiedad privada «se tiene que transformar y urbanizar con recursos propios y sin ningún tipo de ayuda pública».
En sus alegaciones, también proponen limitaciones para la adquisición de estas viviendas, con ventajas específicas para los residentes: proponen un cambio en la normativa para que las personas que quieran acceder a una vivienda sometida a algún tipo de régimen de protección acrediten una residencia por un plazo mínimo de cinco años «inmediatamente anterior». Otra medida polémica que proponen los promotores afecta al procedimiento administrativo. Con el fin de agilizar el procedimiento, solicitan una modificación de laLey de Urbanismo para que las licencias de primera ocupación de la vivienda se entenderán otorgadas mediante la declaración responsable.
Las del GOB
El GOB ha presentado 16 enmiendas que van en dirección opuesta a los promotores, como era de esperar. La entidad señala que el objetivo de estas peticiones de modificación es «frenar el decreto más agresivo en décadas». A su juicio, el decreto supone un cambio estructural en la política urbanística y de vivienda en Palma y «se hace de espaldas» a la problemática de la vivienda, a las consecuencias ambientales, especialmente a los recursos hídricos disponibles, a los servicios públicos o la movilidad, y «de espaldas» a la participación ciudadana.
Proponen estudios de suficiencia hídrica y riesgo de inundación, el cumplimiento estricto de las normativas europeas y la exigencia de la evaluación ambiental ordinaria. En relación con la participación ciudadana, las enmiendas solicitan la introducción de procesos participativos previos y deliberativos, más allá del trámite formal de exposición pública. Por otro lado, los ecologistas exigen la garantía de que el 50 por ciento de la vivienda sea de protección pública (VPP) sin sustitución por vivienda de precio limitado (VPL), que es más cara.
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