La extinción de Sa Nostra, diluida en 2012 en BMN, luego integrada en Bankia y al final heredada por Caixa Bank, ha provocado casi una década de procedimientos judiciales. El Banco de España llevó a la presentación de varias querellas por las fallidas operaciones de Sotohermoso y con el fallecido Martín Gual, que cristalizaron en dos procedimientos en la Audiencia Nacional. El resultado de ambos ha sido el mismo: la absolución. Otras investigaciones no pasaron de la fase de instrucción y fueron archivadas antes. La sentencia que dicta ahora el tribunal cierra todas las causas en torno a la quiebra y la deja sin responsabilidad penal.
En los procesos llegaron a estar imputados más de una veintena de consejeros de la caja. Las acusaciones eran similares. La elevada inversión inmobiliaria de la caja durante el boom ha sido el centro de los procesos. La caja comprometió millones en promociones que se frustraron en medio de la crisis. La más notoria, la de Son Bordoy, en Can Pastilla. Las acusaciones calificaban como una administración desleal estas operaciones. Sin embargo, para los magistrados tenían otra explicación: suponía invertir más dinero para intentar salvar in extremis las inversiones llevadas a cabo. Con la crisis y la desaparición de Sa Nostra, esos terrenos terminaron incorporados a la cartera de la Sareb, que ha desarrollado los terrenos en algunos casos. La segunda sentencia sí critica de forma abierta que no se adoptaran todas las medidas de precaución necesarias y califica como «nefastas» algunas de las decisiones tomadas, como no buscar garantías suficientes del pago.
El Banco de España y sus inspectores fueron las pruebas clave esgrimidas por las acusaciones en el juicio. Fueron interrogatorios especialmente tensos. Los inspectores criticaron la dinámica seguida por la caja pero en ningún momento pudieron acreditar que la cúpula de la entidad actuara para su beneficio personal o para el de los empresarios también enjuiciados.
Si la segunda absolución termina siendo firme, los dos exdirectores generales, Pere Batle y Pau Dolç y el resto de la cúpula recuperarán el control de su patrimonio, embargado para constituir fianzas de responsabilidad civil. Durante la investigación, la Audiencia Nacional fijó hasta 40 millones de euros en fianzas para hacer frente a una posible indemnización. En la práctica ha supuesto la pérdida de control de ambos de su patrimonio durante todos estos años.
Yo fui empleado tantos y tantos años. Efectivamente siempre creí que no hubo enriquecimiento personal de mis directivos pero sí muy mala gestión , la misma gestión que nos exigían a nosotros como la prudencia, la valoración y concentracion del riesgo y la no concesión de operaciones sobre terrenos. Y cumplimos dando una rentabilidad que desde arriba dilapidaban. Pero tambien ayudó esa nefasta Ley (LORCA). de 1993 , donde entran como "elefante en cacharrería" los politicos y la inconsciencia general de muchos ante un € quizá más dañino que benigno. . Finalmente es el pueblo mismo el perdedor ,el que pudo durante 70 años adquirir una vivienda , su vehículo o lanzar un negocio . Porque ahí estábamos nosotros desde las Oficinas dispuestos a apoyar el desarrollo económico de la región, asesorando y haciendo prevalecer el deseo del cliente y su futuro.