El Govern se abre a la posibilidad de implantar la jornada laboral reducida en Baleares, siempre y cuando se ajuste a las peculiaridades socioeconómicas de la comunidad. «Nadie estaría en contra de trabajar menos horas, pero tenemos que evaluar bien las consecuencias».
Así se expresó este miércoles el vicepresident y conseller d’Economia i Hisenda, Antoni Costa, que, cuestionado sobre el particular, alegó que las regulaciones implementadas en la reducción de jornada deberían tener en cuenta los sectores económicos preminentes en cada territorio y «la capacidad de las empresas para asumir estas regulaciones». Así, Costa señaló que «el sector servicios necesita más flexibilidad que el industrial, por ejemplo», por lo que «pediría al Estado que tenga en cuenta la realidad de Baleares: no es lo mismo una economía intensiva en servicios que en industria, por eso pedimos prudencia».
Es la primera vez que el Govern de Prohens abre la puerta a la implantación de la jornada laboral reducida. Los pocos apuntes que había venido aportando al respecto se habían limitado a enfatizar las dificultades que plantearía una reforma así. Costa suaviza ahora el posicionamiento del Ejecutivo autonómico aproximando la línea de su discurso al expresado recientemente por Feijóo -quien aseguró que se abriría a una implantación flexible, sin imposiciones y limitada a algunos sectores- al tiempo que se aleja del de las patronales CAEB y PIMEM, instaladas en una oposición férrea a la medida.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró esta semana que el acuerdo con los sindicatos se va a cerrar de manera «inminente» y que el 31 de diciembre de 2025 «toda la población asalariada de este país, sin distinción, va a ver reducida su jornada laboral».
El vicepresident balear realizó estas consideraciones durante la presentación del Análisis de coyuntura económica del tercer trimestre, el cual muestra unos «datos muy positivos» en términos de crecimiento económico, con cifras al alza en múltiples planos, como afiliaciones a la Seguridad Social, llegadas y gasto turístico o balanza comercial. Se constata así un incremento en el ritmo de actividad económica del 3,2 % impulsado principalmente por el sector servicios.
Esos datos conviven, sin embargo, con otros menos positivos como el aumento de la inflación o los que marcan los «retos pendientes» de los que se acompaña el análisis, principalmente, el problema de la vivienda. Así, el informe indica que la población balear ha crecido 15 puntos más que el parque de viviendas en los últimos 20 años. Un dato que explica y pone de relieve el gran problema estructural autonómico a nivel socioeconómico y que el Govern sitúa como «el principal reto» de futuro.
«Es la máxima preocupación de este Govern», señaló Costa, quien indicó que confía en que las políticas desplegadas por el Ejecutivo se traduzcan en un aumento del parque inmobiliario en oferta y, en consecuencia, en una bajada de los precios y un aumento de las opciones de acceso a la vivienda para la clase media y trabajadora. «En pocos años habrá un aumento de la oferta de vivienda que será significativo», señaló para añadir que este tipo de políticas «no dan resultado a corto plazo».
Así, el aumento de la población en el periodo comprendido entre 2001 y 2023 es del 46,3 %, mientras que el número de viviendas se ha incrementado un 31,2 %, 15 puntos menos. La comparativa a nivel estatal ejemplifica la gravedad del problema balear: a pesar de que múltiples regiones del territorio estatal están inmersas en una crisis habitacional, lo cierto es que el incremento total del número de viviendas ha ido por delante del poblacional durante ese mismo periodo: un 18,7 % de crecimiento de residentes frente a un 27,9 % del parque de viviendas.
Asimismo, los salarios crecieron un 27 % entre 2008 y 2023, mientras que el valor medio de las transacciones inmobiliarias lo hizo más del doble, casi un 60 %. «Vemos que los salarios están creciendo más que en España, pero no bastan para comprar una vivienda», lamentó Costa para reflexionar sobre unos datos macroeconómicos con grandes claroscuros como el de la vivienda. «Es necesario ver más allá de los datos positivos, porque ni no afrontamos estos problemas estructurales los seguiremos teniendo en el futuro».