El grupo de Vox en el Consell de Mallorca presentará una moción en el próximo pleno ordinario del mes de diciembre para apoyar la implementación de pruebas dentales que permitan determinar la edad de los migrantes que llegan en pateras a las costas del archipiélago balear. Según informó el partido en un comunicado, buscan secundar la iniciativa propuesta por su grupo en el Parlament, que solicitó al Govern poner en marcha esta medida para certificar que los menores migrantes no acompañados acogidos por los servicios sociales realmente tienen menos de 18 años.
Toni Gili, portavoz de Vox en el Consell, señaló que «la infiltración de adultos que se hacen pasar por menores de edad, aprovechando las lagunas del sistema actual, representa un abuso inaceptable de los recursos públicos destinados exclusivamente a proteger a menores en situación de vulnerabilidad». Además, afirmó que este fraude «satura las infraestructuras y pone en riesgo la seguridad de los menores reales, así como la estabilidad social en Baleares». Desde el partido consideran que los servicios sociales y de tutela en el archipiélago, que dependen de los consells insulares, están colapsados.
Vox defiende que la implementación de pruebas médicas «exhaustivas y precisas» como las dentales es un «paso imprescindible» para prevenir que adultos «se beneficien de las ventajas y derechos reservados a los menores». Sostienen que este procedimiento es legal, técnicamente viable y «moralmente necesario» para garantizar «equidad y justicia en la gestión migratoria». Esta propuesta fue planteada por Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025, obteniendo el visto bueno del PP y el Govern.
¿En qué consisten las pruebas dentales y óseas para determinar la edad?
Las pruebas dentales y óseas son métodos utilizados para estimar la edad de una persona, especialmente en casos de migrantes indocumentados. Estas pruebas deben ser solicitadas por la Fiscalía. Según explicó la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ambas ya están a disposición del Ministerio Público, y lo que se busca es que las dentales estén disponibles de forma «permanente».
Las pruebas dentales se basan en el análisis del desarrollo y maduración de los dientes, que siguen un patrón predecible. Mediante radiografías dentales, se examina el grado de mineralización y erupción dentaria, comparándolo con estándares establecidos para cada grupo de edad. Por otro lado, las pruebas óseas, como la radiografía de muñeca, evalúan el grado de maduración esquelética. Estos métodos tienen un margen de error y deben ser realizados por profesionales cualificados, respetando los derechos y la dignidad de las personas.
Controversia en torno a las pruebas de determinación de edad en migrantes
La propuesta de implementar pruebas dentales y óseas para determinar la edad de los migrantes ha generado debate y controversia. Organizaciones en defensa de los derechos humanos y de la infancia han expresado su preocupación por la fiabilidad y ética de estos métodos. Argumentan que estas pruebas tienen un margen de error significativo y pueden vulnerar los derechos de los menores, sometiéndolos a procedimientos médicos invasivos.
Además, señalan que la edad no debe ser el único factor determinante en la protección y acogida de menores migrantes, ya que muchos de ellos huyen de situaciones de conflicto, persecución o pobreza extrema. Abogan por un enfoque integral que priorice el interés superior del niño y garantice su bienestar, independientemente de su edad exacta.
Por otro lado, quienes defienden estas pruebas argumentan que son necesarias para evitar abusos del sistema de protección de menores y asegurar una gestión adecuada de los recursos públicos. Sostienen que adultos que se hacen pasar por menores pueden poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los verdaderos menores tutelados. En cualquier caso, el debate sobre la determinación de la edad de los migrantes pone de manifiesto la complejidad del fenómeno migratorio y la necesidad de abordar esta realidad desde una perspectiva integral, que combine la protección de los derechos humanos con una gestión eficiente y justa de los flujos migratorios.