La construcción de viviendas en el suelo rústico de Mallorca se disparó tras el confinamiento de la pandemia de la COVID-19 cuando muchos ciudadanos, de dentro y fuera de las Islas, vieron la oportunidad de mudarse a un entorno más seguro que las ciudades y con más espacio libre para el recreo. Desde entonces hasta ahora el fenómeno no ha parado de crecer pese a las advertencias de los expertos.
Si se juntaran en un único municipio todas las casas diseminadas en el campo, este sería el segundo más grande de Mallorca, solo por detrás de Palma. El primer recuento oficial de casas rurales se hizo en el verano de 2018 durante los trabajos previos a la redacción del Pla Territorial de Mallorca. Había entonces 53.170 viviendas construidas en suelo rústico con capacidad para alojar a 111.657 habitantes.
En el año 2022 reconocidos expertos en medio ambiente, economía, sociología y cogobernanza trabajaron a petición de la entonces presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en la elaboración de un documento marco para definir la ‘Estrategia Mallorca 2030’ que guiaría las políticas públicas en respuesta a los problemas de sobrepoblación, del monocultivo turístico y del cambio climático.
Las conclusiones de la memoria estratégica ambiental eran claras: «Hay que modificar el Pla Territorial de Mallorca para prohibir la construcción de más viviendas en suelo rústico, como hizo Menorca hace 20 años». El anterior Pacte de Progreso (PSOE-Més-Podemos), guardó el documento en un cajón durante más de medio año y allí ha permanecido hasta ahora.
El nuevo gobierno de PP y Vox, no solo sigue desoyendo a los expertos, sino que a través del «decreto de simplificación administrativa» aprobado este martes en el Parlament permitirá la legalización de centenares de edificaciones construidas en suelo rústico.
La preocupación cunde, no solo entre los ecologistas o conservacionistas, sino también entre los payeses que ven cómo se esfuma el suelo agrario. Algunos arquitectos también empiezan a alzar la voz. «La balearización, un modelo de desarrollo turístico que arrasó las costas de las Islas Baleares desde los años 60, ha dejado una profunda huella ambiental y social en las islas. Hoy podríamos actualizar este concepto con un nuevo fenómeno que amenaza la isla: la canibalización del suelo rústico», advierte el arquitecto Jaume Luis Salas.
Especializado en arquitectura y paisaje, el experto en urbanismo, avisa de que «a medida que el suelo urbanizable costero se ha ido agotando, la construcción se ha expandido hacia el interior de la isla, devorando paisajes rurales y ecosistemas. Esta voracidad constructiva, favorecida por una normativa obsoleta y por la globalización, ha desencadenado una serie de consecuencias: pérdida de biodiversidad, contaminación, fragmentación de hábitats y erosión de la identidad local».
El arquitecto advierte sobre la necesidad de «actualizar y plantear una nueva normativa urbanística, para promover un nuevo modelo territorial y una construcción sostenible que respete el medio ambiente y el paisaje. Nuestra propuesta se basa en la eficiencia energética, la selección de materiales respetuosos y la minimización del impacto ambiental, ofreciendo una alternativa al modelo de la balearización».
«Cada día que pasa, una hectárea natural o agraria (que proporciona alimento, combustible, biodiversidad, paisaje, capta CO2, infiltra agua, recicla materia y proporciona servicios inconmensurables) es destruida y pasa a demandar materiales (a menudo de otra punta del mundo). Produce residuos, consume agua y tierra, genera nuevas necesidades de movilidad y supone una nueva fuente de emisiones», reza la memoria ambiental Mallorca 2030, que sigue guardada en un cajón del Consell.
Esta cifra no es fruto de una estimación superficial. «Desde que existen fotografías aéreas de la Isla (1956) se ha podido documentar que Mallorca pierde una hectárea de terreno al día como consecuencia del desarrollo urbanístico y económico. En los últimos años la urbanización se ha multiplicado por ocho y se ha construido más en los últimos 40 años que en los 4.000 anteriores», advertían ya en 2022 los autores la Memoria Ambiental de la Mallorca 2030.
Ecologistas y conservacionistas han trabajado durante décadas en colaboración con expertos de la UIB para medir los efectos del boom urbanístico sobre el suelo rural y agrario.
«El geógrafo Mateu Vic hizo un trabajo fantástico para Terraferida comparando los mapas de los últimos ocho años y sacaron importantes conclusiones, no solo sobre la construcción de viviendas sino también del boom de las piscinas en el suelo rústico», reflexiona Margalida Ramis, portavoz del GOB.
Con Terraferida ya disuelta el GOB centra ahora todos sus esfuerzos en poner el foco sobre la «transformación brutal, silenciosa y silenciada del suelo rústico que se está produciendo». «Es una transformación silenciosa porque ha sido un proceso de urbanización difuso mucho tiempo. El profesor Binimelis hizo ya hace años diferentes artículos científicos a partir de los mapas de Google maps y hablaba del concepto de 'Rururbanización' que nosotros hemos utilizado mucho, dice Ramis.
El GOB lleva años pidiendo que el suelo rústico de Mallorca sea inedificable o que al menos se aumente la parcela mínima aprobando una normativa territorial que vaya acompañada de una medida cautelar para evitar un efecto llamada. «Ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo y se han ido consolidando procesos de urbanización. Cada vez hay más caminos asfaltados en el suelo rural y más servicios propios de zonas urbanas«, advierte Ramis.
Recuerda que «los usos turísticos, con el boom del turismo vacacional, presionan fuerte y la construcción de piscinas también está desbocada». «A eso se le añade ahora la transformación del suelo rural para usos industriales, ya sea para la producción de energía (añadiendo grandes parques fotovoltaicos), para la construcción de una macrogranja o de una estación de hidrógeno», concluye.