Los funcionarios del Estado preparan movilizaciones por el temor a quedarse sin cobertura médica, ya que las aseguradoras no quieren seguir en el concierto de Muface puesto que entienden que no les sale rentable. Los sindicatos UGT, CCOO, Anpe, USIE, UFP y Adide ya han convocado protestas el próximo 11 de diciembre en Madrid, pero se extenderán a todas las comunidades autónomas.
La preocupación es máxima, ya que el contrato en vigor finaliza el próximo 31 de diciembre y DKV, Asisa y Adeslas han comunicado que no quieren seguir prestando este servicio. De hecho, Adeslas ha enviado una carta a sus asegurados en el que les comunica que el próximo 31 de enero dejará de prestarle servicio. Sin embargo, el secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares, Fernando Martorell, advierte que eso no es posible, que la ley establece que la cobertura médica de los funcionarios debe estar cubierta en los nueve meses posteriores a la finalización del contrato. Por tanto, en este caso concreto lo estaría hasta septiembre de 2025.
No obstante, Martorell reconoce que no tendría por qué hacerlo Adeslas, sino que podría llevarlo a cabo el consorcio. «Como nunca hemos vivido esta situación no sabemos como se hará, pero tiene que quedar muy claro que la asistencia sanitaria de los funcionarios está asegurada», recalca.
Pese a ello, la preocupación de los trabajadores públicos es máxima, especialmente la de aquellos que en estos momentos están recibiendo un tratamiento médico, por ejemplo, relacionado con el cáncer u otras patologías en las que la propia vida está en peligro. El Gobierno sigue negociando contra reloj y tras quedar desierta la primera licitación, ha abierto una consulta, que se cerrará el próximo 4 de diciembre, para que las aseguradoras detallen el precio al qué prestarían el servicio.
«El sistema de salud pública colapsaría»
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su deseo de que todos los funcionarios públicos puedan acogerse al sistema público de salud, en una apuesta clara por lo público frente a la iniciativa privada. Sin embargo, los sindicatos advierten que «el sistema de salud pública colapsaría». Sólo en Baleares supondría la incorporación de 15.000 personas más y cerca de 1,5 millones en el conjunto del Estado.
«Habría que mirar el caso concreto de cada comunidad autónoma, pero en Baleares no es posible puesto que ya tenemos una situación de saturación que impide prestar servicio a 15.000 ciudadanos más», expone el secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares. La delegada sindical CCOO en la Administración del Estado, Montse Pascual, señala que la incertidumbre es máxima.
Para evitar la futura saturación del sistema sanitario público, el estado podría ofrecer el servicio de Muface a 2000000 de trabajadores de la empresa privada, problema y agravios comparativos solucionados. De nada!