La Constitución Española establece en su artículo 149 que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, aunque también permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
Corresponde así a las administradores públicas velar por la seguridad de la ciudadanía en los espacios públicos, pero Baleares se enfrenta a un problema endémico de falta de agentes en los principales cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales).
Por eso, cada vez es más frecuente la presencia de la seguridad privada en el ámbito de la administración. El Govern destina cada año algo más de 35 millones de euros a contrataciones de empresas especializadas. Solo 40 de los 628 vigilantes e inspectores de seguridad que trabajan para el Govern son personal laboral de la administración.
El PP reclamó en septiembre al Gobierno central un aumento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las Islas. Según la secretaria general del PP de Baleares y diputada en el Congreso de los Diputados, Sandra Fernández, «hay más de 700 plazas vacantes en las Baleares de las que unas 300 son de policías y más de 400 son de guardias civiles». A ellas habría que sumarles las plazas pendientes de cobertura que quedan en las diferentes Policías Locales. Es un problema histórico que se ha disparado en los últimos años con la inflación y la crisis de los alquileres.
La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ha solicitado sin éxito ayuda a la administración autonómica, pero también a la Federación Estatal de Municipios, para forzar una revisión de las ratios de las policías locales en las Islas. «El número de agentes lo establece la normativa estatal en función de la población del municipio y el problema es que no se tiene en cuenta a la población flotante a la hora de fijar esas ratios. Las plantillas no están dimensionadas para las puntas de verano y el servicio acaba siendo deficitario», dice el presidente de la FELIB y alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol.
El aeropuerto, los cementerios, el tren, el metro, los hospitales, los centros de salud y los centros del IMAS son las principales localizaciones en las que más de 1.000 vigilantes e inspectores de seguridad trabajan para la Delegación de Gobierno, el Govern balear y los Consells Insulars en las Islas. Lo que ocurre en Baleares no es una excepción. Es un modelo extendido en toda España y en la mayoría de países de Europa.
El Govern invierte de media cada año 37,4 millones de euros en materia de vigilancia y seguridad, de los que dos millones de euros corresponden a cubrir las necesidades de sus 40 vigilantes e inspectores contratados como personal laboral.
Actualmente hay 628 trabajadores que desempeñan este tipo de tareas para la administración autonómica. La mayoría de los empleados que velan por la seguridad en las infraestructuras públicas de las Islas son vigilantes (578 personas) y solo un pequeño porcentaje( diez personas) tiene la categoría de inspector.
Prácticamente todas las contrataciones se hacen a través de empresas concesionarias a las que se les adjudican los tres lotes que salen a concurso (el de Mallorca, el de Menorca y el de Ibiza y Formentera). Los importes anuales medios de los últimos cuatro años (a los que habría que sumar el IVA) son de 15,9 millones de euros en Mallorca, 1,1 millón de euros en Menorca y 1,5 millones de euros en Ibiza y Formentera. A estas cantidades hay que añadir además otros servicios que quedan fuera del contrato marco, por un montante total de 16,9 millones de euros según fuentes de la Conselleria de Economia, Hisenda i Innovació del Govern balear. Todo ello, junto con los dos millones de euros que se lleva el escaso personal laboral, suma 37,4 millones de euros que el Govern invierte cada año en la materia. A esta cifra hay que sumarle la que cobran las empresas y personal de seguridad que contratan los ayuntamientos de Baleares para garantizar la vigilancia y seguridad en sus municipios.
Además de necesitar más policía local de la que legalmente pueden tener en plantilla algunos alcaldes se encuentran con serias dificultades para conseguir cubrir sus plantillas, especialmente los de menor tamaño. La situación alcanzó su punto más crítico durante la pandemia de la COVID-19 cuando, con los locales de ocio cerrados, el botellón se desmadró en buena parte de la Part Forana.
En octubre de 2020 Inca se convirtió en el primer municipio de España en incorporar seguridad privada para patrullar en los polígonos industriales y urbanizaciones del extrarradio. Para hacerlo tuvo que solicitar una autorización extraordinaria y someterse a las órdenes de la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, encargada del control de los vigilantes de seguridad. El origen de esta unidad se remonta a los años 70 aunque ha ido modificando su funcionamiento y estructura con el paso de los años. Hoy todas las capitales de provincia y algunos municipios cuentan con grupos o secciones dedicadas a la Seguridad Privada dependientes de las brigadas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
«Aunque se están haciendo más cursos de capacitación que antes, cosa que hace que haya más policías locales que titulan cada año, los municipios más pequeños aún tenemos el problema de que cuando los grandes (como Palma o Calvià) sacan plazas, nuestras policías locales se vacían porque allí pagan mucho más. Esto es algo que se debería regular de alguna manera para que todos los pueblos y ciudades puedan pagarles sueldos iguales y evitar la competencia», dice el presidente de la FELIB.
Aumento de la violencia
El progresivo aumento de la violencia en España y las carencias de plantillas de los cuerpos policiales llevaron a la aprobación en el año 2014 de la ley que regula la integración de la seguridad privada como recurso externo del servicio público de seguridad. Hasta entonces los vigilantes de seguridad solo podían ejercer sus funciones en interiores de edificios o propiedades de uso público con excepciones muy limitadas y reguladas por ley. Entre esas excepciones estaba la vigilancia de polígonos industriales, urbanizaciones y actividades como ferias, mercados o fiestas previa autorizacion. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada amplía esas posibilidades al perímetro de centros penitenciarios, de centros de internamiento de extranjeros y edificios e instalaciones de organismos públicos, siempre con autorización previa.
El artículo 41 de la norma permite además por primera vez que los vigilantes de seguridad privada puedan actuar, sin necesidad de autorización previa, para la vigilancia y protección de maquinaria o equipos valiosos en espacios públicos, de medios de transporte y sus infraestructuras y para que puedan realizar , la realización de rondas o vigilancias discontinuas (entre otras) sin necesidad de autorización previa.
¿Qué ha cambiado para que el primer municipio que probó las 'patrullas mixtas' haya decidido volver al modelo tradicional? «En Inca nos acogimos a la normativa de carácter urgente que emitió el Gobierno central por la pandemia y los guardias de seguridad reforzaban a la policía vigilando zonas delimitadas exteriores supervisadas como polígonos y urbanizaciones, pero una vez volvimos a la normalidad ya no podían ejercer esas funciones y pasaron a hacer vigilancia de recintos cerrados, ferias y conciertos», dice la regidora de Policía Antonia Triguero. «Hace un año acabó el contrato y solo recurrimos a ellos para cosas muy puntuales como conciertos y ferias», añade.
«Además últimamente se están haciendo más cursos. Hay más policías titulados y eso hace que poco a poco hayamos ido implantando más policías. Este mes han empezado tres nuevos y la próxima semana viene uno más», reflexiona la concejal.
Miguel Llabrés, subinspector de la Policía Local de Inca lamenta, no obstante que «aunque ahora mismo se están haciendo más promociones, estas van con cuentagotas». La capital del Raiguer tiene ahora mismo 62 policías de la escala básica. A los que hay que sumar los mandos, cuyos puestos son de más difícil cobertura.
«En Inca, al estar en el centro de la Isla y ser cabeza de partido judicial tenemos muchos servicios públicos. El tipo de ciudad conlleva más carga de trabajo que otras con el mismo tamaño. Una cosa es la población real y otra es la población flotante. Un club de fútbol como el Constancia mueve muchas fichas de niños lo que implica desplazamientos de población. Lo mismo ocurre con Hacienda, los Juzgados o el hospital. Es una carga que no se tiene en cuenta al fijar las ratios pero que implica muchos servicios policiales y eso requiere una buena plantilla», dice el subinspector.
Es cierto que durante los meses de verano, cuando las Islas tienen más población flotante, se incorporan algunos agentes de otras comunidades pero son Policías Nacionales y Guardias Civiles que refuerzan ambos cuerpos. También policías procedentes de países como Francia o Alemania. «El problema es que las policías locales también requieren esos refuerzos que en estos momentos no nos están llegando», lamenta Jaume Ferriol, presidente de la FELIB. Hay pequeños municipios como Ariany, Costitx, Búger o Mancor, que solo tienen un policía en su plantilla.
Sabiendo que la contratación de empresas y guardias de seguridada privada está tan extendida en nuestra comunidad, y viendo la carencia histórica de las plantillas de los cuerpos policiales, ¿Hay suficientes empresas y vigilantes de seguridad privada para cubrir las necesidades que quedan pendientes? ¿Cómo se regulan esos contratos?
Andreu Delgado Mesquida, es el responsable del sector de seguridad privada de UGT Baleares, encargado de fiscalizar los contratos que se firman con el sector público. «Como sindicato tenemos la capacidad de acceder a los pliegos de condiciones de los concursos públicos que se firman con todas las administraciones y si encontramos alguna deficiencia pedimos a la junta evaluadora que los pliegos se modifiquen y adapten a la normativa», explica.
Recuerda que «prima el pago los trabajadores y que se cumplan las normas, que un contrato no nazca viciado. Hemos pedido algunas rectificaciones automáticas porque el dinero no bastaba ni para pagar a los trabajadores». «También hay alguna empresa que se salta los filtros. Tenemos el caso de una empresa que contrata con la administración pública y debía 30 millones de euros a la seguridad social. Ha habido que denunciar a empresas por impago y eso es algo que no debería pasar. La administración pública es un buen pagador. No tienes por qué chorizar a los trabajadores», denuncia.
Según el sindicalista «en este momento hay más de 2.000 vigilantes en Baleares, la gran mayoría en aeropuertos, centros sanitarios, en las oficinas del IMAS y en los ayuntamientos». «El contrato público no abarca solo al vigilante, también hay mucha infraestructura, instalaciones de sistemas de alarmas», añade.
Delgado advierte de que la violencia se da en todo el ámbito público. «Si no trascienden los problemas es porque tenemos grandes profesionales. Hay incidencias y partes diarios por ejemplo en la estación intermodal de Palma, pero se solucionan con profesionalidad», dice. En opinión del sindicalista «sería interesante tener más interactuación con las fuerzas de seguridad del Estado».
Sobre las llamadas ‘huelgas de celo’ que este verano han sido noticia por el colapso en los controles de seguridad del aeropuerto de Son Sant Joan, Delgado mide sus palabras: «Si trabajas para la administración pública tienes un superior por encima de ti que marca los parámetros y te pueden sancionar. Si cuando no hay suficiente personal te dicen que aflojemos, ¿cómo te sentaría? Aquí hay una falta de personal endémica».
Denuncia que «hay empresas que subrrogan un servicio y solo tienen cinco trabajadores, no tienen capacidad operativa para cubrir las vacaciones o bajas. Eso es algo que está ocurriendo y que se denuncia en inspección de trabajo pero mientras tanto el trabajador es el que está fastidiado y a quien piden responsabilidades».