Antonio Abril (Vivero, Lugo,1957) es desde 2017 el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Abril visitará Mallorca la próxima semana para tener una audiencia con la presidenta Prohens, dar una conferencia para el Cercle d’Economia y presidir unas jornadas dedicadas al desarrollo autonómico de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Los consejos sociales son desconocidos fuera del ámbito universitario.
Y también dentro del ámbito universitario. En la primera ley universitaria de la democracia, de 1983, se estableció que los consejos sociales tenían que ser los órganos de participación y representación de la sociedad en las universidades. La universidad no es patrimonio de los que trabajan en ella, sino de la sociedad. Ese objetivo no se cumplió. Sí se ejerce un cierto control ético y económico, pero los consejos sociales no tienen capacidad real para participar en la gobernanza y en la elaboración de los presupuestos universitarios, al menos en la mayoría de los casos.
¿Ni siquiera con la LOSU, aprobada el año pasado?
La LOSU no ha garantizado el control de los consejos sociales por falta de voluntad y valentía. Hay una resistencia interna por parte de los estamentos universitarios y los rectores. Realmente, es una pena porque hemos perdido una oportunidad para acercarnos a los modelos europeos. En España seguimos en una universidad corporativa y endogámica, contraria a la meritocracia.
¿El legislador no ha querido ir por ese camino?
No ha hecho caso de los numerosos informes de expertos que apuntan a mejorar las capacidades, competencias y recursos de los consejos sociales, por lo que permanece la distancia entre la universidad y la sociedad.
¿Cuál sería el nivel de la universidad española?
España es un gran país en publicaciones científicas, pero no lo es en la transferencia del conocimiento al sector productivo: la economía y la empresa. Hay que potenciar la cooperación público-privada, que universidad y empresa no sean trenes que van en paralelo. Además, la universidad no sólo tiene que financiarse a través de la transferencia de recursos públicos y matrículas, sino también a través de la investigación aplicada. Resulta que el 36 % de los graduados españoles, incluso con másteres, tiene un infraempleo, es decir, por debajo de las capacidades de su titulación. Y, por otra parte, una gran parte del talento decide emigrar a otros países.
Todo ello lleva a pensar en la Formación Profesional -FP-, con una gran inserción laboral.
La FP está reaccionando muy bien porque sí se está acercando a la empresa, lo que contribuye decisivamente a la empleabilidad. La distancia entre la universidad pública y la empresa nos lleva también a la eclosión de las universidades privadas, que son más rápidas, ágiles y eficientes a la hora de acercarse a los nichos de mercado.
Empieza a decirse que es mejor cursar FP que un grado universitario por la demanda, la inserción laboral, los salarios...
Hace unas décadas, un universitario en paro era impensable, mientras que la FP era una opción secundaria para quien no servía para estudiar. Todo eso ha cambiado radicalmente. La FP se ocupa más de las capacidades y las competencias profesionales, el trabajo en equipo, el liderazgo, los idiomas, la disponibilidad para viajar... Siempre está más cerca de la empresa. El modelo de la FP dual, con formación académica y en la empresa, en un entorno laboral desde el minuto cero, debería aplicarse a toda la universidad. No obstante, FP y universidad no tienen que ser mundos que vayan en paralelo. Tiene que haber pasarelas, interrelación y colaboración entre ellas.
Volviendo a los consejos sociales, ¿qué papel pueden jugar las comunidades autónomas en su desarrollo y protagonismo?
Al igual que a los rectores, necesitamos a las comunidades autónomas, pues tienen margen para el desarrollo de la LOSU. La capacidad de presión de los consejos sociales es muy limitadad, pero los gobiernos autonómicos pueden potenciar la función de los consejos sociales, pues tenemos mucho que decir en la mejora de las universidades. Hay rectores que entienden ese camino, pero hay otros que siguen considerando a los consejos sociales una limitación a su poder. Siempre se generan resistencias a los cambios, pero deben entender que los consejos sociales pueden contribuir a que la universidad fabrique más talento y que ese talento se traduzca en transformaciones beneficiosas para la economía y la sociedad.