El 17 de agosto de 2020, ese día en que el asesor del ministro Ábalos, Koldo García, contactó con la presidenta del Govern, Francina Armengol, cuando pasaban unos minutos de las siete de la mañana -según recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –, las cadenas hoteleras acababan de anunciar el cierre de los establecimientos que habían abierto durante la desescalada que siguió al confinamiento. Hubo cancelaciones masivas por el aumento de los contagios. El día anterior, el Govern clausuraba dos bares por no cumplir con la normativa sanitaria –quedaban aproximadamente dos meses para que la entonces presidenta se detuviera una noche tras una reunión con cargos del Ejecutivo en el ‘Hat bar’– y se sucedía una reunión tras otra.
Teóricamente había pasado lo peor (incluso llegaron en junio unos centenares de turistas alemanes que fueron recibidos al estilo Bienvenido Mr Marshall) pero la gente parecía demasiado confiada y en poco tiempo se declararía un segundo estado de alarma, pero más suave que el de marzo. Y en ese contexto, aquel 17 de agosto, fue cuando Koldo mandó ese mañanero mesaje a quien preside hoy el Congreso: «Buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no, si puedes, llámame».
Aquella mañana, la presidenta Armengol y la consellera de Salut, Patricia Gómez, iban a anunciar las «novedades» recién aprobadas: cuarentena para viajeros que llegaban de los países más afectados, prohibición de fumar en la calle y las terrazas «si no se puede guardar la distancia de seguridad», cierre adelantado de los bares a la una de la madrugada y prohibición de fiestas en barcos y piscinas. No, todavía no había vacunas.
El Ministerio de Transportes, tanto o más que el de Sanidad, era el interlocutor habitual del Govern. Cargos de aquel Ejecutivo han descrito a este diario lo que era un día cualquiera en la Conselleria de Salut y en el Consolat de la Mar. Se recibían llamadas de todo tipo, principalmente de empresas ofreciendo material, se recibían llamadas relacionadas con la apertura o contratación de personal, se recibían llamadas sobre los ERTE, sobre medidas que el Govern tendría que aplicar... Y se recibían llamadas (y se hacían) de los ministerios. Para lo que había llamado ese día Koldo García era para «ofrecer» unas pruebas rápidas, PCR, en puertos y aeropuertos. Armengol, según el relato de la UCO, contactó de nuevo con él por la tarde, le remitió a la consellera de Salut y aquel se despidió con la frase que definirá este episodio: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
La oferta, de la que iba a encargarse Eurofins Megalab, se desestimó pronto; no así la idea. La adelantó el entonces conseller de Turisme, Iago Negueruela, durante una reunión con la presidenta de la patronal hotelera María Frontera en noviembre, y se aprobó un mes después: pruebas rápidas anti COVID en los puertos y aeropuertos.
Este nuevo episodio de la trama corrupta que operó en el Ministerio de Transportes –y que seguramente acabará con la imputación de Ábalos– debería ser la puntilla para la carrera política de Francina Armengol en opinión no solo del PP. Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo balear (que ya ha comprobado que Koldo García no coló su idea aunque luego Megaleb sí obtuvo dos contratos al año siguiente) entiende que la presidenta actual del Congreso tiene «un gran problema». ¿Es el fin de su carrea política? No necesariamente. «Para nada», respondía el viernes Armengol cuando acudía a un acto de recuerdo a la Unión Militar Democrática (UMD) al que también asistió el expresidente Zapatero. De momento, Armengol quiere seguir dirigiendo el PSIB en su próximo congreso. ¿Será candidata en 2027? Eso es otro cantar.