Inspección de Trabajo ha abierto una investigación tras la denuncia de presunta explotación laboral en una empresa agrícola de la comarca de Manacor. Un técnico acompañado por la Guardia Civil se desplazó este viernes hasta las instalaciones de la empresa Terracor para comprobar in situ la situación laboral en que se encuentran sus trabajadores, en especial los temporeros procedentes de Colombia que trabajan en las diferentes fincas que tiene la empresa. Además, Trabajo también realizó una inspección, esta vez acompañados por agentes de la Policía Nacional de Manacor, en las dependencias donde duermen los temporeros dentro de las propias fincas agrícolas.
La denuncia saltó a la luz tras el testimonio de temporeros de Terracor a eldiario.es en que denunciaban las condiciones «hacinamiento» en las que viven y que realizan jornadas laborales de hasta 17 horas. El artículo en cuestión vinculaba al conseller de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, como uno de los socios de la empresa denunciada, un aspecto que este viernes negaron desde la dirección de Terracor al asegurar que desde el pasado julio Gili no forma parte de Terracor. «Somos conscientes que esta situación se ha magnificado con la intención de dañar la reputación de un exsocio, Toni Gili, quien desde el pasado mes de julio dejó de formar parte de la porpiedad», apuntaron.
Desde la empresa, aseguraron este viernes que están a disposición de las autoridades para cualquier aclaración y que tras las inspecciones realizadas este viernes no se procedió a ninguna medida cautelar. «Seguiremos trabajando con dedicación para garantizar que nuestras prácticas se alineen con las expectativas legales y sociales», añaden.
Hace años que Terracor cuenta con temporeros para trabajar en sus fincas, una tramitación que realizan a través de Unió de Pagesos para las expediciones de los permisos de trabajo. Además, destacan desde el Grupo Terracor, la empresa se ha sometido a programas voluntarios de verificación de las viviendas de los trabajadores de temporada de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) «que supervisa las condiciones de estos a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones» así como la certificación por parte del Globalgrasp que evalúa los riesgos en las prácticas sociales. «Esta confirmó que las condiciones de nuestros trabajadores se ajustaban a la legalidad vigente», señalan a través de un comunicado al destacar que no hay irregularidad. Pese a ello, el proceso de inspección ahora iniciado puede alargarse hasta nueve meses, según destacó este viernes a este periódico uno de los responsables de la empresa.
Petición para que dimita
La oposición no tardó en reaccionar y enseguida reclamó que Tolo Gili dimita como conseller insular de Vox en el Consell. La socialista Joana Maria Adrover afirmó este viernes que los hechos son «intolerables, en el caso de que se confirmen», y agradeció la «rápida reacción» del Gobierno por dar parte a Inspección Laboral. Asimismo, desde el PSIB instaron al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, a «no ponerse de perfil» y a «pedir explicaciones a su socio de gobierno en el Consell».
«Comportamientos de este tipo inhabilitan a cualquier político para el ejercicio de sus funciones de servicio público», aseguró el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, remarcando que «Gili no puede continuar ni un segundo más como miembro de la corporación insular».
En opinión del ecosoberanista, los hechos «son muy graves, están documentados con testimonios y fotografías e incluso ha intervenido el Ministerio». Por ello, insistió en que el portavoz de Vox «no tiene otra salida que dimitir y dejar su acta de conseller electo». Asimismo, Alzamora pidió explicaciones a Galmés y le instó a sumarse a su petición de dimisión. «El PP no puede continuar sustentando su gobierno en el Consell con el apoyo de Gili», señaló. Por último, mostró solidaridad con los trabajadores y lamentó que «hechos como estos ensucien el sector de la payesía que desde hace años trabaja con el objetivo de garantizar unas condiciones dignas y justas».