Los Socialistas de Mallorca presentarán un recurso contencioso-administrativo contra la aplicación del decreto-ley de simplificación administrativa del Govern balear que legaliza 30.000 edificaciones ilegales en rústico en la isla, al entender que tal reconversión es inconstitucional. La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, y la secretaria de Política Autonómica del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, se han referido este miércoles en rueda de prensa a la «inconstitucionalidad de la norma», y a la ausencia total de motivación en la adopción de la misma, que no dispone ni de ningún informe de impacto ni una guía de aplicación para los responsables municipales.
«Galmés aprobó en Mallorca la aplicación del decreto ley una semana después de su entrada en vigor, sin hacer ningún estudio, motivación o guía de aplicación por los municipios», ha criticado Cladera, para quien esta norma supone "un atentado contra nuestro territorio» y una medida «contraria a la voluntad de miles de personas que han salido a la calle en demanda de iniciativas que frenen la depredación de nuestro territorio».
Cladera ha anunciado la presentación de un recurso al Tribunal Contencioso Administrativo, por la vulneración de la normativa básica y la falta de motivación del acuerdo del gobierno de PP y VOX en el Consell de Mallorca.
Se trata, ha continuado, de «una legalización exprés que emana de la Disposición Adicional 7ª del Decreto ley depredador de Prohens, una normativa que no está creada específicamente para temas urbanísticos ni territoriales, y que no podría modificar ni contravenir la normativa estatal básica en materia de suelo».
Por todo ello, Cladera ha exigido a Galmés «un cambio de rumbo a su política en el Consell de Mallorca, porque vuelve a pasar lo que siempre pasa cuando »gobierna la derecha, que permiten la legalización de todo lo que es ilegal".
Por su parte, Garrido ha remarcado que la suspensión cautelar debe impedir «crear falsas expectativas» a la gente que se beneficie ahora de una regularización de las edificaciones fuera de ordenación, que después se tendrán que echar atrás debido a la inconstitucionalidad de esta amnistía urbanística planteada por los socislitas.