«Rompan todos los acuerdos que tienen con Vox, también los ayuntamientos, los consejos y las diputaciones provinciales y deroguen todas las leyes reaccionarias que han aprobado con ellos en los parlamentos autonómicos». Esta ha sido la reclamación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado este miércoles durante el debate en el Congreso de los Diputados al máximo responsable del Partido Popular, Albert Núñez Feijóo, en relación al escenario que se ha planteado en diferentes comunidades, provincias y provincias tras el anuncio de Santiago Abascal de que Vox rompía sus pactos. De esta manera Sánchez ha puesto el foco en Baleares haciendo referencia al acuerdo existente en el gobierno insular y reconociendo por primera vez que las Islas se encuentran «entre las comunidades autónomas a las que la geografía pone en primera línea del drama migratorio».
«No se sabe si han tenido una discusión de pareja o una ruptura en toda regla» o por si el contrario «se han tomado un tiempo o inician una relación abierta a varias bandas», ha bromeado el presidente del Gobierno entre las risas de su bancada para situar al líder de la oposición en la encrucijada de tener que resolver si la sintonía que mantienen con Vox es una ruptura definitiva o una «riña de verano».
Santiago Abascal anunció el pasado jueves la ruptura de los acuerdos con Marga Prohens y con el resto de presidentes autonómicos y culpó al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de someterse a la política migratoria del Gobierno por el reparto de menas. El principal foco de discusión en el Goven balear se encuentra en la presidencia del Parlament, donde Gabriel Le Senne, se ha enrocado pese a que se ha puesto en marcha el proceso para habilitar su salida. El Ejecutivo de Prohens ha dejado la puerta abierta a reconducir la situación apenas días después de asegurar que no tenía miedo a gobernar en minoría.
La situación es diferente en el Consell de Mallorca, donde su vicepresidente, Pedro Bestard, ha reafirmado este miércoles su apoyo al pacto con el PP. Ha querido aclarar este miércoles que el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) tiene el mandato de acoger a los menores migrantes no acompañados y ha razonado que la suya «no es una decisión política sino una obligación legal». Bestard asegura que acata las órdenes de su partido y que si el día de mañana se cambia de opinión, seguirá obedeciendo al líder Abascal. Ha argumentado que su papel ha sido el de fidelidad al pacto insular: «El Consell tiene transferidas las competencias de los menores y el IMAS debe acogerlos», ha dicho.
En otro orden de cosas también, Pedro Sánchez también en pleno debate en el Congreso de los Diputados ha reconocido de forma velada que Baleares se encuentra en una ruta migratoria. El presidente del Gobierno ha advertido a Núñez Feijóo de que si el PP «se borra del acuerdo» o «impide» la tramitación parlamentaria de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería «estará traicionando no solamente a Canarias, también a Andalucía, a las Islas Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, a todas las comunidades autónomas a las que la geografía pone en primera línea del drama migratorio».
En este contexto, el presidente del Ejecutivo ha declarado que de los 373 traslados de menores migrantes pactados en el año 2023 entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, a través del sistema de reparto voluntario, las autonomías «solo han acogido a día de hoy a 67 menores». «Por cierto, había recursos de sobra. 20 millones de euros distribuidos por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas», ha defendido, para después censurar que Galicia ha acogido a «cero» de estos niños.