Los propietarios de Mallorca que tengan piscinas y casas fuera de ordenación en suelo rústico se podrán acoger dentro de unos días a la amnistía urbanística aprobada por el Govern mediante decreto y que este martes ha ratificado el Consell de Mallorca en un pleno extraordinario. El PP y Vox, con el apoyo del PI, que no es imprescindible, han aprobado las medidas con el rechazo del PSIB y Més. En principio, el sábado saldrá publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), por lo que empezará el plazo de tres años para acogerse a esta medida.
No existe un censo del número de construcciones afectadas, pero las estimaciones están en torno a las 30.000. Aun así, no se podrán acoger a la amnistía construcciones levantadas hace décadas que no figuran en los registros y edificaciones hechas de manera irregular, pero cuyo delito ya ha prescrito. Los dueños que sí puedan beneficiarse deberán pagar una multa según su nivel de renta y el valor de la obra.
Para las edificaciones fuera de ordenación que se regularicen, se exigirá una serie de condiciones a los propietarios. Tendrán que hacer constar la prohibición de destinar el inmueble legalizado a la comercialización turística. De hecho, se obligará a inscribir esta prohibición del alquiler turístico en el registro de la propiedad. Aun así, la norma no es clara en el caso de los dueños de viviendas legales con piscinas irregulares que se acaben regularizando. Una vez hecho, y según el decreto, cabe la posibilidad de que puedan hacer alquiler vacacional, pero es interpretable.
La amnistía urbanística también moldea las exigencias para construir y permitirá que se hagan mansiones más grandes, pero esto todavía no ha pasado por el pleno. En función del grado de protección del suelo, sólo se podía ocupar entre un 1 % y un 2 % de la parcela y el volumen máximo de todo lo construido era de 900 metros cúbicos. Esta limitación desaparece, lo que da opción a la construcción de mansiones en el campo de hasta 1.500 metros cúbicos y una ocupación del 3 % en Mallorca. La idea del Govern era modificar esta limitación que estableció el Pacte para eliminar la prohibición de construir viviendas en Áreas de Prevención de Riesgos por erosión, corrimientos de tierra, incendio o inundación. Sin embargo, en este último caso, no se podrá aplicar porque el Plan Hidrológico de Baleares vigente desde 2020 lo impide.
El pleno del Consell también prevé ratificar (pero no este martes) la media impulsada por el decreto del Govern que abre la posibilidad de que el suelo rústico acoja todo tipo de instalaciones «que contribuyan a la ordenación o al desarrollo rurales o resulten de ubicación necesaria o conveniente en suelo rústico». El Ejecutivo autonómico modificó la redacción vigente hasta ahora, más restrictiva, y deja a la discrecionalidad de las autoridades de los consells la decisión de que una actividad cualquiera, que en principio no podría construirse allí, pueda hacerlo.
Asimismo, el pleno también aprobará la posibilidad de autorizar aparcamientos en suelo rústico de manera temporal durante la temporada alta o en épocas de máxima ocupación y densidad turística. Los ayuntamientos podrán sacar a concurso al alquiler de terrenos junto a zonas de gran demanda turística y serán ellos quienes lo gestionen.
El paquete de medidas que se ratificará más adelante también incluirá el cambio normativo para privatizar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El Consell, como ya adelantó este diario, baraja que el modelo público conviva con otro privado. Quien quiera evitar esperar varios meses para conseguir una cita, que desde hace meses es difícil, tendrá la opción de pagar más para reservarla antes.