El decreto que ya está en vigor tras su publicación en el BOIB no solo incorpora la anunciada legalización de viviendas en suelo rústico sino que incluye cambios urbanísticos sustanciales, como la reducción de los límites de tamaño para la construcción de viviendas en suelo rústico. En esencia, eso supone que la ley autoriza la construcción de mansiones más grandes, que ahora estaban prohibidas en virtud de una normativa restrictiva que aprobó el pacto. El Govern de Francina Armengol aprobó un decreto ley en el año 2020 que limitaba el tamaño de las viviendas en rústico.
En función del grado de protección del suelo, sólo se podía ocupar entre un 1 % y un 2 % de la parcela y el volumen máximo de todos lo construido era de 900 metros cúbicos. Esta limitación desaparece, lo que da opción a la construcción de mansiones en el campo de hasta 1.500 metros cúbicos y una ocupación del 3 % en Mallorca, una de las demandas de importantes inversores tanto en Mallorca como en Eivissa. También se modifica esta misma norma del pacto para eliminar la prohibición de construir viviendas en terrenos incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos de erosión, corrimientos de tierra, incendio o inundación.
A estas dos medidas controvertidas se suma la legalización de construcciones de uso agrícola ilegales, incluso las construidas antes de 1991. Es decir, el decreto no solo permite legalizar las viviendas en suelo rústico, como ya se había anunciado, sino también las edificaciones agrarias, como ya se hizo también en la época en que Gabriel Company era el conseller d’Agricultura del Govern.
Otra medida que ya ha despertado críticas en la oposición es la posibilidad de autorizar aparcamientos en suelo rústico de manera temporal durante la temporada alta o en épocas de máxima ocupación y densidad turística. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, detalla que la gestión deberá ser municipal. Los ayuntamientos podrán sacar a concurso al alquiler de terrenos junto a zonas de gran demanda turística y serán ellos quienes lo gestionen. La oposición ya se ha opuesto a esta medida que consideran que desmiente todo el discurso de contención turística que pretende hacer ahora el Govern de Marga Prohens.