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Caso mascarillas

El PSIB ve en las mascarillas una «comisión electoral» de PP y Vox

El portavoz socialista, en el transcurso de la comisión. | M. À. Cañellas

| Palma |

El PSIB ha interpretado, al respecto de las conclusiones que presentará su grupo una vez ha finalizado la comisión de investigación del Parlament por el caso mascarillas, que ésta ha sido «una comisión electoral, no de investigación». «La comisión de Koldo sin Koldo», ha ironizado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha censurado que las conclusiones se vayan a debatir un día antes de la jornada de reflexión de las elecciones europeas, que se celebran este domingo, consumándose así la «operación marketing del PP y Vox». «Probablemente ya estén escritas desde el primer día las conclusiones. Da igual quién diga lo que diga», ha sentenciado el socialista, insistiendo en que la conclusión «más evidente» de esta comisión «es que es una comisión electoral».

Para finalizar, Negueruela ha destacado que «todos los testimonios dejan claro que la forma era correcta, que se reclamó en tiempo y forma, y que las mascarillas se podían usar». «El PP, de todas las personas que han venido, no sabemos a quién se va a agarrar. Nadie le ha dado la razón en nada de lo que dicen», ha cuestionado. En el escrito de conclusiones del PSIB, registrado posteriormente a la rueda de prensa, el grupo destaca que PP y Vox «han traspasado los límites constitucionales previstos para las comisiones parlamentarias, optando por destinar la comisión a la creación de bulos informativos».

También, los socialistas resaltan que la comisión es «un reflejo de oportunismo político del PP y Vox», censurando que con el propio nombre de la comisión «ya dan por hecho que existen irregularidades en la compra de material de protección a la empresa Soluciones de Gestión». Y señalan que los representantes de ambos partidos han atribuido, durante las comparecencias, «comportamientos ilegales, merecedores de pena o sanción, a determinados comparecientes del anterior Govern, contraviniendo los límites que el Tribunal Constitucional establece para las comisiones parlamentarias de investigación».

Además, subrayan que en la sesión del 3 de junio, PP y Vox renunciaron a la comparecencia de Koldo García, «quien es, según ellos, la persona que ha motivado la creación de la comisión de investigación, el 'supuesto' jefe de una organización criminal». «Han renunciado, en este sentido, al motivo de ser, según su parecer -de PP y Vox-, de la comisión de investigación», matiza el PSIB. En cuanto a las conclusiones, indican que la compra a la empresa investigada, realizada por tramitación de emergencia, es correcta y ajustada a la legalidad, recordando que dicha adquisición cuenta con dos informes favorables de la Intervención de la CAIB y un informe de la Oficina Anticorrupción.

Refieren también que las mascarillas compradas por el IbSalut a Soluciones de Gestión eran útiles y cumplieron con el objetivo previsto para su compra, el de servir de material de stock para un uso extrahospitalario/domiciliario. Señalan, asimismo, que la financiación de las mascarillas con fondos europeos es correcta, considerando que este extremo estaba «plenamente justificado», y que el IbSalut inició, «en tiempo y forma», el procedimiento de resolución parcial del contrato con la empresa investigada. Por último, destacan que la Fiscalía Europea solo investiga el hecho de que el Govern de Marga Prohens «haya dejado caducar el expediente de reclamación».

El PSIB, al margen de las conclusiones, ha planteado algunas propuestas de mejora derivadas de la comisión de investigación. La primera es orientar el papel de estas comisiones a la mejora de los procedimientos de la administración pública y la garantía de los derechos de los ciudadanos de Baleares, especialmente en el caso de hechos que paralelamente son objeto de investigación.

También proponen que la Administración pública realice los procedimientos administrativos de acuerdo con la legislación vigente, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento de los plazos de resolución y notificación; que garantice los derechos de los administrados en los procesos administrativos, en el sentido de dar respuesta a las alegaciones que se formulen contra las resoluciones de la administración, y que avale las resoluciones de desistimiento de reclamaciones dinerarias en informes jurídicos y técnicos. Igualmente, instan a someter los procedimientos de resolución parcial de contratos, desistimientos de reclamaciones dinerarias y procedimientos similares al pronunciamiento del Consejo Consultivo; mejorar la interoperabilidad entre los distintos departamentos de la Administración, y a no usar las comisiones de investigación de manera electoralista, «mucho menos en periodo electoral».

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