Vox instará al Consell a abordar, a través de una moción, en el próximo pleno, el jueves 13 de junio, los empadronamientos ilegales y el «expolio de los servicios públicos» en Mallorca. En una nota de prensa, Vox ha informado que, en el pleno del jueves 13 de junio, presentará una moción instando a la institución insular a tratar los empadronamientos ilegales y el expolio de los servicios públicos en Mallorca.
El portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, ha señalado que, esta formación «va exigir a la Delegación del Gobierno y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), coordinar un control exhaustivo sobre la presencia de inmigrantes ilegales en Mallorca, dando cumplimiento a la ley, ya que, en los últimos años, esta isla y España en su conjunto, se ha enfrentado a una llegada masiva de inmigración ilegal, promovida por las políticas de diferentes gobiernos nacionales, autonómicos y municipales».
«Este aumento significativo de inmigrantes ilegales en numerosas localidades de la Part Forana y Palma, ha provocado un aumento exponencial de la delincuencia, con un incremento constante en las estadísticas trimestrales del Ministerio del Interior. De tal manera, nuestros diferentes núcleos de población, no son ajenos a los empadronamientos ilegales, como se ha evidenciado en operaciones policiales recientes como las acontecidas en el municipio de Llucmajor», ha continuado. Asimismo, Gili ha criticado las políticas de fronteras abiertas del Gobierno de Pedro Sánchez y las políticas de ayudas sociales por parte de las diferentes administraciones que, en su opinión, «han convertido a Mallorca en un terreno fértil para el crecimiento de la población inmigrante ilegal».
Por último, el portavoz de Vox en el Consell ha manifestado que «la situación actual demanda una revisión de las políticas de ayudas sociales», para asegurar «que estos recursos estén destinados exclusivamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales para recibirlos, dando prioridad a los conciudadanos nacionales». «La suspensión de ayudas a personas que hayan ingresado ilegalmente o que hayan perdido su estatus de residencia legal debe ser también una medida considerada para evitar que el sistema de bienestar social en la isla no se vea comprometido».