La Agencia Tributaria cifra en diez millones de euros el dinero presuntamente blanqueado en Mallorca en la trama vinculada al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y ministro de Desarrollo Económico, Gabriel Obiang. En un comunicado, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha señalado que dentro de la operación, bautizada 'Run out' han sido detenidas dos personas y hay otros ocho imputados por delitos de blanqueo y fraude fiscal vinculados con actividades de corrupción en negocios internacionales.
La actuación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma junto a Europol y la policía portuguesa, se centra en la actuación de un ciudadano holandés que reside en Palma y que es el considerado organizador de la trama. Tal y como avanzó este diario, es uno de los detenidos. En paralelo a la actividad llevada a cabo en España, la policía de Portugal investiga a una empresa constructora. Esa sociedad es la sospechosa de haber pagado un soborno a Gabriel Obiang a cambio de un contrato de obra pública en el país africano.
El beneficio de ese delito es el que se habría canalizado a través de varias sociedades controladas por el holandés afincado en Palma. En el registro de su vivienda en Son Gual se incautaron más de 13.000 documentos y 43 dispositivos electrónicos con cuatro terabytes de información.
La Agencia Tributaria ha intervenido once inmuebles propiedad de las sociedades que están bajo investigación y bloqueado cuentas bancarias, automóviles, quince relojes y otros bienes valorados en medio millón de euros. Entre ello los derechos de uso vitalicio en un club de golf, valorados en 100.000 euros. La propiedad de Son Gual está tasada en 3,5 millones y es el bien más importante bajo caución.
La policía portuguesa ha llevado a cabo 21 registros en domicilios e incautado abundantes documentos en torno al soborno, calculado en el diez por ciento del valor de la obra. Ese dinero movió a través de una red internacional cuyo vértice estaba situado en un fideicomiso en Liechtenstein, del cual dependían otras sociedades en Cabo Verde, Chipre, Belice y Países Bajos. Los fondos quedaban invertidos en operaciones controladas por el principal sospechoso al que se le atribuyen roles de supervisor y beneficiario.