La antropóloga Irene Adán (Pamplona, 1997) ha presentado este viernes en el Ateneu Popular La Fonera, de Palma, su libro Las prostitutas hablan de violencia. Una investigación cualitativa y cuantitativa con 318 participantes, editado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. La presentación tiene lugar a pocos días, el próximo martes, de que el Congreso de los Diputados debata una ley de carácter abolicionista.
El estudio abarca las provincias de Murcia, Albacete, Almería, Alicante y Madrid, y pretende conocer la realidad de la prostitución y las violencias que afronta desde la visión de las propias protagonistas.
A partir del trabajo, se establecen numerosas estadísticas, que en este caso no son nada frías. Adán explica que «a las prostitutas no se les ha preguntado nunca qué consideran violencia, cuando existe una impunidad en los abusos por parte de clientes y proxenetas, incluyendo la insistencia en quitarse el preservativo o en reclamar la devolución del dinero. Así, por ejemplo, el 5 % manifiesta que han sido violadas y el 78 % afirma que han sufrido violencias por parte de clientes al menos una vez en su vida. La desprotección es mayor en entornos donde su actividad está criminalizada, como sucede con la prostitución callejera. En la calle, las prostitutas ven disminuida su capacidad de decir no»
Más datos: el 4 % considera que todos los clientes son abusadores, el 67 % ha vivido intentos de retirada del preservativo sin su consentimiento, el 38 % ha sufrido malos tratos de carácter verbal, al 31 % le han exigido la devolución del dinero y el 20 % ha sido víctima de robos.
Según Irene Adán, «las ordenanzas municipales que prohíben la prostitución en la calle, por las que se sanciona a la prostituta y al cliente, tienen una efectividad más que cuestionable. En caso de abusos, las prostitutas no llaman a la policía, pues la mitad se encuentra en una situación administrativa irregular o en trámite de regularizarse. De este modo, son siempre vistas como delincuentes y poco fiables. A todo ello se añade la vulnerabilidad por su situación personal. El 66 % son madres y el 41 %, madres solteras. Al final, la violencia no sólo reside en el ejercicio de la prostitución, sino también en la ausencia de derechos».
Las situaciones son muy diversas. Una ordenanza que prohíbe la prostitución en la calle lleva a estas mujeres a trabajar en clubs o pisos. Eso significa casi siempre trabajar para terceros. Sin embargo, trabajar en un piso dificulta la entrada de la policía.
Llegados aquí, el eterno debate: prohibición o regulación. Irene Adán indica que «el 89 % de las prostitutas no está de acuerdo con prohibir la actividad y hasta el 87 % la considera un trabajo. Estas amplias mayorías entienden que la abolición no va a mejorar su situación. Ante ello, desde el feminismo institucional, el proyecto de ley de abolición de la prostitución contempla, en su inmensa mayoría, medidas punitivas que pueden incluso derivar en el desalojo de sus hogares. No ofrece alternativas ni garantías de protección. Sólo contempla penalizaciones y no va a las raíces estructurales del problema».
Irene Adán defiende «una despenalización de la actividad, sin medidas punitivas, pero que sí persiga la trata de personas, es decir, la prostitución forzosa y los abusos. El 9 % de prostitutas habría sido víctima de trata. Por otra parte, habría que derogar las ordenanzas persecutorias y llevar a cabo una mayor formación sanitaria y policial. Y que las prostitutas pudieran darse de alta como autónomas o formar pequeñas cooperativas para tener derecho a paro y jubilación».
Igualmente, la autora destaca que «muchas prostitutas se dedican a este trabajo después de haber pasado por empleos muy precarios. En un contexto muy difícil, la prostitución puede ofrecer ingresos más rápidos y más tiempo libre, lo que favorece la conciliación, sobre todo si son madres. Lo que no podemos hacer es lo que hacen algunas ONG, que organizan cursos y talleres para prostitutas, y luego resulta que no están homologados y no sirven para encontrar trabajo. La conclusión de la prostituta es que la han sacado de la esquina para precarizarla. También hay prostitutas extranjeras con formación que pueden tardar hasta dos años para homologar sus estudios».
Finalmente, Irene Adán lamenta que «la prostituta siga teniendo la imagen de víctima fácilmente engañable a la que hay que rescatar. Las mujeres que son críticas con esta consideración de las prostitutas son acusadas de colaborar con el patriarcado. Son necesarios estudios más extensos que el nuestro y que a las prostitutas se les consulte ante la evidencia de su diversidad. La legislación debe partir de la realidad, no de la ideología».