La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrige al juez instructor del 'caso Koldo' y admite que el IB-Salut es una víctima de la trama. El magistrado Ismael Moreno había rechazado en dos ocasiones la personación como acusación particular de la Abogacía de la Comunitat en representación del Govern con el argumento de que no se había provocado un daño a las arcas públicas de las Islas, dado que las mascarillas adquiridas a las empresas investigadas fueron pagadas con fondos de la Unión Europea.
Sin embargo, la Sala asume que no ha sido así desde febrero de este año. En ese momento, el actual ejecutivo decidió retirar voluntariamente de la cofinanciación con fondos FEDER los 3,7 millones que habían sido abonados el cinco de mayo de 2020 por el IB-Salut y que luego fueron cargados a las líneas de ayudas europeas. Justifica que se adoptó la decisión tras tener conocimiento del posible fraude. El tribunal asume esa situación y que finalmente quien ha pagado por el cargamento bajo sospecha ha sido la administración autonómica.
Así, estima el recurso de apelación y señala que el Servicio de Salud de Baleares «ostenta la cualidad de perjudicado por el daño patrimonial que pudiera haberse irrogado por los delitos que se investigan». Eso permitirá a la Abogacía ejercer la acusación particular en toda la causa. También plantea una serie de dudas sobre la competencia de la Fiscalía de la UE para investigar la trama balear.
Este organismo había asumido la investigación ante la afectación de fondos europeos, algo que también sucedía con la derivada de Canarias del caso y ya ha llevado a cabo alguna diligencia para esclarecer tanto la adquisición de los tapabocas como la resolución del expediente de reclamación a la empresa.
La Abogacía podrá solicitar ahora diligencias de investigación y la toma de declaración de los responsables de la compra de las mascarillas. El recurso del Govern ha sido respaldado por dos acusaciones populares personadas en el caso: las que ejercen el Partido Popular y Vox. La Fiscalía se opuso.