El procedimiento de legalización de construcciones ilegales en suelo rústico, que también incluirá piscinas, porches y cualquier otro elemento que se haya añadido a la edificación, se hará, muy probablemente, en un proceso similar al que se aprobó hace unos años con la Ley Company. Las obras de legalización deberán ser visadas por un arquitecto, que será quien hará la valoración económica de los trabajos.
¿Qué se podrá legalizar?
En principio, se podrán acoger a esta ley viviendas, piscinas y otras construcciones cuya infracción haya prescrito y el Govern ya no puede pedir la demolición. Allí donde la sanción no haya prescrito no podrá haber legalización. La condición será que el propietario de las edificaciones ilegales paguen un porcentaje del valor de la obra legalizada, que muy probablemente será del 15 % del valor de la obra. A las viviendas se les exigirá además el pago todos los gastos tributarios y exigencias ambientales y de eficiencia energética.
¿Se podrán vender después?
Sí. El propietario de las viviendas que las legalice podrán venderlas una vez pagada la penalización correspondiente. Sin embargo, el Govern estudia la posibilidad de prohibir que estas edificaciones se destinen al alquiler vacacional. «Muy probablemente no podrán hacerlo», dijo Costa. También se podrán legalizar edificaciones donde en estos momentos hay usos ilegales en suelo rústico como almacenes de construcción o restaurantes. Se normalizará la edificación, pero no el uso que se le da después a ese inmueble.
Supresión de la Comissió de Medi Ambient
El decreto incorpora la supresión de la Comissió de Medi Ambient. Las evaluaciones las harán a partir de ahora los técnicos de la conselleria, pero estas decisiones no se trasladarán después a una comisión externa. Su lugar lo ocupará un órgano unipersonal equivalente al de director general que estará adscrito a la conselleria. El Govern sostiene que esta medida ayudará a desbloquear el atasco de proyectos pendientes de tramitación.
Privatización de la concesión de licencias urbanísticas
En materia de vivienda, el decreto permitirá la externalización de la concesión de licencias, que así podrán quedar privatizadas. Los ayuntamientos que lo deseen podrán crear entidades colaboradores urbanísticas que emitirán los informes para solicitar la licencia. Estas entidades harán los informes para que no lo haga los ayuntamientos. Habrá que pagar por este servicio externo, pero el ciudadano podrá seguir acudiendo de forma directa a los ayuntamientos que decidan crear este nuevo servicio.
Desaparece la cédula de habitabilidad
Con el fin de dar más agilidad a la tramitación urbanística, desaparece la obligación de tener la cédula de habitabilidad de primera ocupación. Sí se mantiene la licencia municipal. El vicepresident defendió que estas medidas contribuirán a resolver el problema de la vivienda al dar agilidad a la hora de otorgar estas licencias «para que haya vivienda nueva lo antes posible». Las cédulas de habitabilidad las concede el Consell, a quien ya no habrá que pedir este trámite.
Privatización de la ITV
El decreto facultará a los consells a que privaticen el servicio de la ITV para dar más agilidad a las inspecciones. Las instituciones insulares podrán mantener el servicio como está, es decir con una gestión pública del servicio, pero al mismo tiempo podrán autorizar que determinados talleres hagan ellos la inspección de forma directa sin que el usuario tenga que acudir al servicio público insular.