«Habrá que estar atentos a la letra pequeña». La intención del Govern de permitir legalizar construcciones fuera de planeamiento cuyas sanciones urbanísticas hayan prescrito permitirá poner en el mercado miles de fincas que hasta ahora estaban en un limbo jurídico. Abogados expertos en urbanismo, advierten, no obstante, que lo importante estará en los detalles del texto, aún por presentar a la hora de saber qué permite hacer con construcciones que ahora mismo se encuentran fuera de planeamiento.
El abogado y profesor de la UIB Juan Alemany explica que ahora mismo hay dos tipos de construcciones en un limbo legal. Están fuera de planeamiento y, gracias a la prescripción, la administración no puede sancionarlas ni pedir su demolición. Por un lado, construcciones que en su momento tenían licencias pero que, con cambio urbanísticos están en un estado de inadecuación y por otro, obras directamente ilegales pero que llevan años allí. Las primeras pueden ser mantenidas pero no ampliadas y en las segundas no se puede llevar a cabo ningún tipo de obras. «La administración tendrá que motivar lo que permite hacer», señala.
Alemany apunta que, con la medida, se pretende generar una actividad económica doble: por un lado, el propio proceso de legalización y después, permitirá que vuelvan al mercado. «Ahora nadie quiere adquirirlas» , indica, ante los problemas que acarrean viviendas en esa situación.
Por su parte, el abogado especializado en el derecho inmobiliario, José Manuel Sierra, señala: «Lo justo sería legalizar las que cumplan con los requisitos necesarios para ser vivienda, no chiringuitos» y coincide en que hay un gran número de ciudadanos pendientes de una posible legalización de fincas que han quedado entre dos aguas. «Es una situación que se ve cada día y que viene de hace décadas, cuando los alcaldes animaban incluso a construir sin licencia para tener actividad en el municipio».
En cualquier caso, los expertos advierten que, a partir de 2018 la normativa hace que las infracciones no prescriban y que tampoco lo hacen, desde 1991 con la Ley de Espacios Naturales las que afectan a zonas protegidas como ANEI o ARIP que son las que, en la mayor parte de los casos terminan incluso en delito.