El vicepresident del Govern, Antoni Costa, se escudó este martes en la «politización» de la Comissió de Medi Ambient para defender su eliminación y que sus funciones las realice un órgano asimilado a una dirección general que muy probablemente será dirigido por Paz Andrade, directora general de Coordinació i Harmonització Urbanística.
El vicepresident defendió en el Parlament que el Govern destina la mitad del impuesto del turismo sostenible a proyectos medioambientales y no a «parafernalias, conciertos y patinetes», y aseguró que el Govern cumplirá su compromiso de eliminar trabas burocráticas. Costa señaló que Baleares es la única comunidad autónoma que tiene un organismo colegiado para realizar las evaluaciones ambientales de los proyectos.
Solo hay algo parecido en Aragón, mientras que en el resto de comunidades autónomas las evaluaciones se hacen en puestos asimilados a una dirección general que es lo que se hará ahora en Baleares. Tampoco el Ministerio de Transición Ecológica tiene una entidad asimilable a la Comissió Balear de Medi Ambient y sus funciones las desempeña la subsecretaría de Calidad y Evaluación Ambiental, según detallo Costa.
Con anterioridad, en la sesión plenaria, el diputado de PSIB Marc Pons acusó este martes al Govern de Marga Prohens de legislar y trabajar en favor de los intereses y beneficios del sector inmobiliario, y no del interés general de los ciudadanos. Con ocasión de una pregunta de control al Ejecutivo autonómico, Pons criticó la intención del Govern de suprimir la Comissió Balear de Medi Ambient.
Rechazó el modelo económico del Ejecutivo del PP, que supone «retroceder en los valores ambientales» y en la protección del territorio balear: «Los promotores y el sector inmobiliario ordenan según sus intereses y ustedes obedecen», aseguró.
El departamento de Antoni Costa trabaja desde hace meses en la redacción de un decreto de simplificación administrativa que, entre otras medidas, prevé la desaparición del pleno de la Comissió de Medi Ambient y de sus subcomités en los que participan entidades sociales como el GOB.
El decreto está prácticamente listo y el vicepresident espera que pueda estar aprobado por el Consell de Govern a principios de mayo, por lo que las medidas serán efectivas en ese mismo momento, si bien el decreto deberá ser convalidado después por el Parlament balear. La norma incluye otras medidas urbanísticas, como la posibilidad de legalizar edificaciones ilegales en suelo rústico que ya hayan prescrito siempre que se pague una sanción.