La Comissió de Medi Ambient tiene los días contados. El organismo que se encarga de la evaluación ambiental de los proyectos que se realizan en las islas desaparecerá en breve y sus funciones las ejecutará un alto cargo dependiente de la Conselleria d'Habitatge asimilada a una dirección general. La desaparición de la Comissió de Medi Ambient, un organismo muy cuestionado por el PP, se concretará en el decreto urgente de simplificación administrativa en el que trabaja el vicepresident del Govern, Antoni Costa, y que muy probablemente será aprobado por el Govern este mismo mes.
Se trata de una medida de gran calado que responde a la intención de Marga Prohens de agilizar al máximo los trámites urbanísticos. El PP tenía en el punto de mira a la Comissió porque, según denunciaba, suponía un cuello de botella para la tramitación de proyectos, que podrían llegar a alargarse durante años. El PP siempre ha censurado que este organismo no actué con criterios técnico y ha criticado que sus decisiones eran «políticas». Los representantes del sector de la construcción, como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín, llegó a proponer «pegar fuego» a la Comissió.
No hará falta quemarla porque el Govern ya tiene decidida su supresión. Desaparecerá el pleno de la Comissió., integrado ahora por su presidente, 10 directores generales de diversos departamentos del Govern, representantes de los consells, un miembro de una asociación de las entidades locales y hasta tres miembros, designados por el conseller entre personas u organismos con competencia reconocida en materia ambiental. Además del pleno, hay dos subcomités técnicos con 21 miembros cada uno de ellos.
Todo este organismo dejará de existir y sus funciones las ocupará un responsable con rango de director general en cuyo departamento se harán las evaluaciones ambientales sin presencia de entidades sociales.
La desaparición de la Comissió de Medi Ambient irá acompañada de una reformulación global del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y proyectos. Las fuentes consultadas señalan que se cumplirá la legislación básica estatal, que obliga a hacer esta evaluación ambiental previa, pero fuentes del Govern señalan que los cambios organizativos permitirán eliminar demoras «injustificables y recurrentes» y posibles «fuentes de arbitrariedad».
Será una de las medidas que se incluyan en el decreto urgente, que además prevé la eliminación de cargas burocráticas internas «excesivas» y duplicidades en procedimientos de licencias urbanísticas. El modelo del Govern de Marga Prohens pasa por recurrir a la declaración responsable previa como vía general para facilitar la tramitación de todos los proyectos urbanísticos.
El decreto no es más que el primer paso de más medidas que se tomarán en el futuro. El vicepresident del Govern señaló en su día que será un proceso de liberalización administrativa «sin manías y valiente». «Queremos ayudar a facilitar las cosas al 98 % de los ciudadanos que cumplen la norma», añadía. El objetivo es que la Administración se pronuncie a favor o en contra de los proyectos de forma ágil y rápida, frente a la situación de los últimos ocho años. «Se ha hecho una política intervencionista, proteccionista y dirigista y este Govern ha venido a cambiar las cosas», criticaba entonces el vicepresident.
El apunte
Legalizar obras ilegales ya prescritas en suelo rústico
Además de la supresión de la Comissió de Medi Ambient, la otra gran medida que incluirá el decreto de simplificación administrativa es la posibilidad de legalizar edificaciones y obras que se hayan hecho en suelo rústico y que ya hayan prescrito. El Govern de Marga Prohens recupera una de las leyes aprobadas en la época en que Gabriel Company era conseller d’Agricultura i Territori. El Govern no ha dado aun detalles de cómo se hará esta legalización, pero el programa del PP prevé la incorporación a la ordenación de construcciones fuera de ordenación, «siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica, y el pago de la sanción que proceda». Asegura que la recaudación de todas estas sanciones debe ser finalista en el ámbito medioambiental o de promoción de suelo público. El programa también incluye cambios legislativos para que en los edificios fuera de ordenación se puedan ejecutar obras de consolidación y rehabilitación «ante riesgo para las personas», sin mayor concreción.